¡Megadecreto sacude al Estado! Disoluciones, fusiones y una 'Ciudadanía VIP'

El Boletín Oficial estalla hoy con el Decreto 585/2025, una verdadera 'topadora' legal que redibuja la estructura de la Administración Pública Nacional. La jugada del Gobierno, enmarcada en su plan de achique y desregulación, impacta de lleno en ministerios estratégicos como el de Economía, que ve cómo se reorganizan secretarías y se disuelven o transforman entidades con décadas de historia.

¿Qué cambió y a quiénes afecta?

La medida es drástica: se disuelven sin miramientos la Comisión Nacional del Tránsito y la Seguridad Vial, la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) —aunque algunas funciones se transfieren—, el Instituto Nacional de la Agricultura Familiar, Campesina e Indígena (INAFCI), el Instituto Nacional de Semillas (INASE) y la Agencia Regulatoria de la Industria del Cáñamo y del Cannabis Medicinal (ARICCAME), cuyas funciones ahora se reparten entre el Ministerio de Economía y la ANMAT. También cae la Comisión Nacional de Alimentos y un sinfín de programas y registros de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca. ¡Un verdadero tsunami burocrático!

Pero no todo es borrón y cuenta nueva. Algunas entidades solo se transforman: la histórica CNRT ahora es la Agencia de Control de Concesiones y Servicios Públicos de Transporte, y la Junta de Seguridad en el Transporte muta en la Agencia de Investigación de Accidentes e Incidentes de Aviación. Otros pesos pesados como el INTA, el INV y el INPI dejan de ser organismos descentralizados para convertirse en unidades organizativas desconcentradas bajo el ala del Ministerio de Economía, lo que implica una menor autonomía y una mayor injerencia ministerial.

El ojo de la tormenta: frenos judiciales y la 'Ciudadanía por Inversión'

La reforma no es un camino de rosas. El decreto revela que algunas disoluciones estrella, como la de la Dirección Nacional de Vialidad (DNV) y la transformación del INTI, están frenadas por medidas cautelares dictadas por el Juzgado Federal de San Martín. Esto subraya la feroz resistencia que encuentran estas políticas en el ámbito judicial y sindical, generando incertidumbre sobre el alcance final del ajuste.

En medio de este caos y reordenamiento, emerge una novedad que ya genera debate: la creación de la Agencia de Programas de Ciudadanía por Inversión. ¿Qué es esto? Básicamente, una entidad dedicada a diseñar y gestionar programas que permitirán obtener la ciudadanía argentina a cambio de inversiones, una movida que muchos ven como una puerta abierta a la llegada de capitales 'VIP' y que podría redefinir la relación del Estado con los inversores extranjeros.

Para el ciudadano de a pie, esta reorganización implica cambios en la gestión de servicios públicos esenciales, desde la seguridad vial hasta la calidad de los alimentos y el apoyo al campo. La eliminación de organismos y la centralización de funciones prometen menos burocracia, pero también menos contrapesos y una mayor concentración del poder en las secretarías ministeriales. La Casa de Moneda, por su parte, se ratifica como Sociedad Anónima Unipersonal, con sus derechos societarios ahora bajo la órbita de la 'Agencia de Transformación de Empresas Públicas', sugiriendo un camino hacia una gestión más privada.

¿Es este el fin de un modelo o el inicio de una nueva era? El impacto real de estas medidas, que reasignan personal, presupuestos y responsabilidades, se sentirá en los próximos meses. La promesa es eficiencia; el riesgo, desfinanciamiento y desatención de áreas sensibles. Estaremos atentos a las próximas batallas judiciales y a los efectos concretos de este monumental rediseño del Estado argentino.