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Un decreto presidencial sacude la estructura del Ministerio del Interior, modificando organigramas y objetivos clave, redefiniendo roles y subsecretarías con un ojo puesto en la transparencia y la eficiencia.
En un movimiento estratégico que redefine el mapa del poder en la administración nacional, el Presidente de la Nación ha firmado el Decreto 85/2026, reestructurando de arriba abajo el Ministerio del Interior. Este 'ajuste' no es menor: implica la sustitución completa del organigrama de aplicación hasta el nivel de Subsecretaría, la incorporación de nuevos objetivos y la derogación de estructuras previas.
Entre las novedades más resonantes, se destaca la reconfiguración de la Secretaría de Interior, que ahora incluye una Subsecretaría de Deportes y, atención, una Subsecretaría del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI). Esto último implica que el INAI, que antes dependía del ex-Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, ahora queda bajo la órbita de Interior, un cambio que podría generar debate sobre el enfoque de las políticas hacia los pueblos originarios.
Además, se incorporan objetivos clave en la Subsecretaría Legal relacionados con la Ley Nº 27.275 (posiblemente de Acceso a la Información Pública) y en la Subsecretaría de Gestión Administrativa para 'fomentar la política de transparencia e integridad en la jurisdicción y articular acciones con la OFICINA ANTICORRUPCIÓN'. Esto sugiere un intento de fortalecer la lucha contra la corrupción y la apertura gubernamental.
La medida, que no implica un aumento en la cantidad de unidades organizativas ni un 'incremento en el gasto', busca dotar al Ministerio de una estructura que le permita cumplir con sus competencias. Sin embargo, este tipo de reestructuraciones siempre genera expectativa y análisis sobre las verdaderas intenciones detrás del movimiento de fichas en el tablero político. Las estructuras inferiores a las aprobadas se mantendrán vigentes transitoriamente, lo que augura un período de adaptación y reacomodamiento interno. ¿Será este el camino hacia una administración más ágil o simplemente un nuevo dibujo burocrático?
