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El gobierno bonaerense ajusta tuercas en el régimen de Policía Adicional, prohibiendo a los agentes prestar estos servicios especiales mientras gozan de licencias por enfermedad, maternidad o cuidado familiar. Una movida para garantizar la aptitud funcional y el control.
El Gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, ha firmado el Decreto N° 99/2026, que introduce cambios drásticos en el régimen de “Policía Adicional”. La medida busca poner orden en la prestación de estos servicios especiales, que permiten a los agentes policiales, estando de franco, realizar tareas de seguridad para terceros. El foco está puesto en la aptitud funcional y el control de los efectivos.
La modificación más importante recae en el Artículo 16 del Anexo Único del Decreto N° 545/22. A partir de ahora, el personal policial no podrá ser autorizado para prestar servicios de Policía Adicional mientras se encuentre gozando de licencias específicas. Estas incluyen:
La fundamentación es clara: asegurar que los agentes que prestan servicios de seguridad estén en condiciones óptimas, tanto físicas como mentales, y evitar el solapamiento con situaciones que demandan su recuperación o atención personal. Además, el Ministro de Seguridad queda facultado para establecer o modificar futuras restricciones, lo que indica una supervisión continua sobre este régimen.
Esta decisión tiene doble filo. Por un lado, se espera una mejora en la calidad y disponibilidad del servicio policial, ya que los agentes estarán más descansados y enfocados en sus tareas principales o en su recuperación. Esto podría fortalecer los principios de seguridad y aptitud funcional que rigen la fuerza. Por otro lado, la medida impactará directamente en el bolsillo de muchos policías que dependen de los “adicionales” para complementar sus ingresos. Aquellos que se vean obligados a tomar licencias por los motivos mencionados, perderán la posibilidad de generar ese extra durante ese período.
Para las entidades que contratan estos servicios, la disponibilidad de personal podría verse afectada, obligándolas a reevaluar sus esquemas de seguridad. La provincia busca un equilibrio entre el bienestar de los agentes y la eficacia del sistema de seguridad, una tarea que siempre genera debate.
