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En una movida controversial, el Ministerio de Capital Humano desmanteló cuatro programas sociales críticos, incluyendo protección para hijos de madres presas y participación adolescente

El Gobierno dio un giro radical en las políticas de niñez y adolescencia al eliminar mediante cuatro resoluciones consecutivas programas considerados emblemáticos:
La medida se justifica en la 'emergencia administrativa y económica' declarada por la Ley 27.742, argumentando duplicidad de funciones y uso ineficiente de recursos. Sin embargo, organizaciones sociales advierten sobre el desmantelamiento de la red de protección.
"No se afecta el principio de progresividad", sostiene el Gobierno, argumentando que las funciones serán absorbidas por el Programa Nacional de Promoción y Protección de Derechos existente.
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