¡Misterio y prórrogas sin fin! El Gobierno bonaerense mantiene un decreto 'fantasma' desde 2013

El hermetismo rodea al Decreto N° 1292/13, una normativa que, lejos de ser un hecho aislado, se ha convertido en un verdadero clásico de las prórrogas en el Boletín Oficial bonaerense. Este documento, que formaliza la cadena de extensiones, no revela el contenido original de la medida, generando interrogantes sobre su impacto real y la razón de su longevidad.

La Telaraña de las Prórrogas

Desde su nacimiento en 2013, el decreto ha sido prorrogado en cinco ocasiones previas: por los Decretos N° 157/16, N° 129/18, N° 1791/19, N° 18/22 y N° 124/23 B. La publicación actual en el Boletín Oficial, aunque no explicita 'prorróguese', es el acto administrativo que consolida esta continuidad, refrendado por los Ministros de Seguridad, Economía y Gobierno, y finalmente por el Gobernador Axel Kicillof.

"Cuando un decreto se prorroga tantas veces sin una nueva ley o debate público, se genera una zona gris de incertidumbre y falta de transparencia", advierten analistas.

¿Qué Implicaciones Tiene para los Ciudadanos?

La principal consecuencia de esta práctica es la falta de claridad. Sin acceso fácil al contenido consolidado y actualizado de la medida, ciudadanos, empresas y organizaciones se ven obligados a rastrear una compleja secuencia de decretos para entender qué normativa sigue vigente. Esto puede afectar desde trámites administrativos hasta cuestiones económicas o de seguridad que pudieran derivarse del decreto original. Es un ejemplo de cómo la burocracia puede opacar la gobernanza y la rendición de cuentas, generando un impacto de mercado neutral debido a la opacidad de su contenido, pero con un latente riesgo de incertidumbre. El hecho de que la Subsecretaría de Recursos Hídricos y el Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos aparezcan al final, podría sugerir una vinculación con temáticas relacionadas al agua o infraestructura, pero es pura especulación sin el texto completo.

Para estar informado: Es crucial seguir de cerca las publicaciones del Boletín Oficial y solicitar acceso a la información pública para conocer el contenido de decretos tan recurrentemente prorrogados. La transparencia es la base de una sociedad informada.