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El Presidente Milei y el Ministro de Defensa Luis Petri reafirman la decisión de dar de baja al exoficial Jorge Omar LAZARTE, condenado por delitos de lesa humanidad. Se le suspende el goce de su haber de retiro, un mensaje contundente sobre la imprescriptibilidad de la justicia.
En una decisión que resuena con la memoria y la justicia, el Gobierno Nacional ha ratificado la baja de las filas del Ejército Argentino y la suspensión del haber de retiro del exoficial Jorge Omar LAZARTE (D.N.I. N° 4.449.071). La medida, dispuesta por el Decreto N° 829/2025 y firmada por el Presidente Milei y el Ministro de Defensa Luis Petri, rechaza un recurso jerárquico presentado por Lazarte contra la Resolución del Ministerio de Defensa N° 72/25.
¿El trasfondo? Lazarte fue condenado por crímenes de lesa humanidad, una sentencia que la Justicia ha declarado firme, agotando todas las instancias recursivas. La Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) había solicitado la baja de oficiales jefes y subalternos con condenas firmes por estos aberrantes delitos, invocando no solo la Ley para el Personal Militar N° 19.101 sino también los artículos 12 y 19 del Código Penal y el Decreto N° 721/2016.
El exoficial intentó revertir la decisión alegando principios de no regresividad de derechos humanos y sociales, legalidad, razonabilidad y derecho de propiedad, además de un supuesto conflicto entre leyes. Sin embargo, el decreto presidencial es tajante: la inhabilitación absoluta impuesta por el Código Penal implica la suspensión del goce de jubilación, pensión o retiro. La Ley N° 19.101, por su parte, establece que la baja por condena firme conlleva la pérdida del haber de retiro.
'La norma citada no desconoce el derecho al cobro de haberes del condenado sino, únicamente, impide que aquel sea percibido directamente por el penado, mas no por los familiares que tienen derecho a la pensión,' aclara el decreto, citando precedentes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Esta medida envía un mensaje claro: el Estado Argentino cumple con sus obligaciones internacionales en materia de Derechos Humanos y no cederá ante los reclamos de quienes fueron condenados por delitos de lesa humanidad, incluso si esto implica la suspensión de beneficios previsionales. Para los ciudadanos, significa la reafirmación de que la justicia, aunque lenta, llega y tiene consecuencias tangibles.
