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El Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES) desata una ofensiva sin precedentes, revocando servicios de crédito, suspendiendo operatorias y abriendo sumarios administrativos a seis cooperativas. ¿Qué hay detrás de esta drástica movida que pone en jaque a la economía social argentina?
El Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES) ha desplegado una serie de medidas de control que están generando un fuerte impacto en el sector cooperativo. En un movimiento coordinado que abarca varios avisos oficiales, el organismo ha dictaminado desde revocaciones definitivas hasta suspensiones preventivas y la apertura de sumarios administrativos, poniendo en la mira a diversas entidades de la economía social.
La más resonante es la revocación definitiva de la operatoria del servicio de crédito de DIFINCOOP DIFUSORA INTEGRAL COOPERATIVA DE TRABAJO, VIVIENDA, CRÉDITO Y CONSUMO LIMITADA (Matrícula Nº 9931, CUIT 30-61953585-1). Esta medida, que ya había tenido un antecedente de suspensión en 2018, culmina con la interrupción de un servicio crucial y la instrucción de un nuevo sumario, lo que deja a sus asociados en una situación de gran incertidumbre.
Pero DIFINCOOP no es la única. Otras cinco cooperativas han sido emplazadas o directamente suspendidas y sumariadas:
Un sumario administrativo es una investigación formal que realiza el INAES para determinar si una cooperativa ha incumplido con la normativa vigente. Las suspensiones de operatoria son medidas preventivas que impiden a la entidad funcionar normalmente mientras dura la investigación. Para las cooperativas afectadas, esto significa un freno total o parcial a sus actividades, afectando directamente a sus miembros, empleados y, en algunos casos, a los servicios que brindan a la comunidad (como el servicio de crédito de DIFINCOOP o la posible afectación a la salud si se trata de la cooperativa del Hospital Israelita).
Estas acciones del INAES reflejan una mayor rigurosidad en el control y la fiscalización del sector cooperativo. El organismo invoca diversas resoluciones (como la RESFC-2018-977-APN-DI#INAES, RESFC-2024-2511-APN-DI#INAES, las resoluciones 1659/16 y 3916/18, y la 3098/08) y normativas de procedimiento administrativo (Decreto 1759/72 y Ley 19.549) para respaldar sus decisiones. Las cooperativas tienen derecho a presentar recursos de Revisión, Reconsideración, Aclaratoria o Alzada, lo que abre una batalla legal y administrativa.
Este endurecimiento en la supervisión podría interpretarse como una señal del gobierno de mayor intervención estatal para garantizar la transparencia y el cumplimiento normativo en un sector que, por su naturaleza, maneja fondos y bienes colectivos. Para los ciudadanos comunes que son miembros de cooperativas, la implicación directa es la necesidad de redoblar la atención a la gestión y la legalidad de sus entidades. La falta de cumplimiento puede derivar en consecuencias severas, como la pérdida de la matrícula o la imposibilidad de operar.
"Estas medidas del INAES son un llamado de atención a todo el ecosistema cooperativo: la rigurosidad en la gestión y el apego a la normativa son innegociables para operar en el país."
Para mantenerse informado sobre futuras actualizaciones, es crucial seguir las publicaciones del Boletín Oficial y los comunicados del INAES, especialmente si se es parte de alguna cooperativa o se utiliza sus servicios. La ola de sumarios y suspensiones marca un antes y un después en la relación entre el Estado y las cooperativas, con un claro mensaje de tolerancia cero a las irregularidades.
19 de agosto de 2025
9 de febrero de 2026
18 de febrero de 2026