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El Gobierno bonaerense oficializa 2026 como el 'Año de los Derechos Humanos por la Memoria, la Verdad y la Justicia', a 50 años del golpe cívico militar. Una medida con profundo calado político y social, que obligará a toda la administración pública a exhibir la consigna en su documentación.
En una movida cargada de simbolismo y política, el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires ha decretado que el año 2026 será el “Año de los Derechos Humanos por la Memoria, la Verdad y la Justicia. A 50 años de la última Dictadura cívico militar”. Esta decisión, publicada en el Boletín Oficial, no es un mero formalismo, sino una declaración contundente que busca mantener viva la llama de la memoria en el 50 aniversario del golpe de Estado de 1976.
A partir de ahora y durante todo 2026, cada documento oficial de la Administración Pública Provincial, tanto centralizada como descentralizada, y de los entes autárquicos, deberá llevar impresa esta leyenda. Esto significa que la consigna de memoria, verdad y justicia será una constante en la burocracia diaria, permeando cada gestión y recordatorio estatal. El decreto hace una revisión de la historia reciente, mencionando las violaciones sistemáticas a los Derechos Humanos, los crímenes de lesa humanidad como torturas, asesinatos y desapariciones forzadas, y el secuestro de bebés. También destaca la lucha incansable de organizaciones como las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo y la importancia de hitos como el Juicio a las Juntas y la anulación de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida.
Esta medida no solo busca honrar a quienes lucharon por la democracia, sino que también reafirma el compromiso estatal con la defensa y protección de los Derechos Humanos. Para el ciudadano común, esto se traduce en un recordatorio constante de un período oscuro de nuestra historia y del valor innegociable de la democracia. Es un mensaje directo sobre la narrativa histórica oficial que el Estado provincial quiere consolidar y promover, instando a la reflexión colectiva sobre los cimientos de nuestra sociedad. En un contexto donde los discursos sobre la memoria pueden ser objeto de debate, esta disposición sienta una postura firme y unívoca.
