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Un fallo judicial de alcance nacional obliga a la Agencia Nacional de Discapacidad a restablecer miles de pensiones por invalidez laboral que habían sido suspendidas, en un duro revés para la política de auditorías y recortes.
La AGENCIA NACIONAL DE DISCAPACIDAD (ANDIS) se ve obligada a dar marcha atrás con una polémica medida: la Resolución 13901/2025 ordena el restablecimiento del pago de las Pensiones No Contributivas por Invalidez Laboral que habían sido suspendidas. Esta decisión no es voluntaria, sino que se produce en cumplimiento de una medida cautelar de alcance nacional dictada por el JUZGADO FEDERAL DE CATAMARCA N° 2 en la causa "DEFENSOR DEL PUEBLO Y OTROS c/ ANDIS".
El conflicto se originó por procesos de auditoría y revisión impulsados por la ANDIS, con el objetivo de verificar la subsistencia de las condiciones para acceder a estas pensiones, argumentando la necesidad de evitar el "dispendio de recursos". Sin embargo, el fallo judicial fue contundente: no solo ordena restablecer la totalidad de las pensiones suspendidas y pagar los haberes retenidos en todo el territorio nacional, sino que también intima a la ANDIS a abstenerse de continuar con las auditorías basadas en la normativa cuestionada (Decreto 843/2024) y de disponer nuevas suspensiones hasta que haya sentencia definitiva.
Esta resolución es un triunfo para los beneficiarios de pensiones por discapacidad y para las organizaciones de derechos humanos que denunciaron los recortes. Demuestra la importancia del rol de la justicia como contrapeso a las decisiones del Poder Ejecutivo cuando estas afectan derechos fundamentales. Para la ANDIS, y por extensión para el Gobierno, representa un fuerte revés político y administrativo, que pone en jaque su política de "revisión" de beneficios sociales y genera un gasto presupuestario no previsto.
El pago de las prestaciones se ajustará al cronograma de la ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL (ANSeS). Para los ciudadanos, esta es una noticia de altísima importancia, ya que garantiza la continuidad de un ingreso vital para miles de personas en situación de vulnerabilidad, reafirmando el derecho a la protección social frente a las políticas de ajuste.
