¡Escándalo en la Provincia! Le negaron un jugoso plus a un funcionario por su título

Un revuelo administrativo sacude al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Provincia de Buenos Aires. Carlos CAPASSO, un funcionario de peso al frente de la Unidad de Coordinación del Registro Público de Administradores de Consorcios de Propiedad Horizontal, recibió un rotundo no a su solicitud de la Bonificación por Título Universitario de Grado atinente a la Función (BTU).

¿Qué pasó exactamente?

La medida, plasmada en una resolución ministerial, rechaza el pedido de CAPASSO (D.N.I. 33.435.471 - Clase 1988), quien buscaba este beneficio mensual, remunerativo y no bonificable. La clave del conflicto radica en la "atinencia" de su formación académica. CAPASSO es Licenciado en Periodismo y Tecnologías de la Comunicación. Sin embargo, tanto la Dirección Provincial de Planificación y Gestión Estratégica como la Dirección Provincial de Personal dictaminaron que su título no resulta pertinente para las funciones que desempeña.

El ojo de la tormenta: ¿Periodismo en el Registro de Consorcios?

Los argumentos de las áreas técnicas son contundentes: si bien las competencias del periodismo pueden tener una relación parcial con las tareas de comunicación institucional del área, no se alinean con el "objeto esencial de la función", que es de carácter normativo, registral y administrativo. Es decir, aunque saber comunicar es útil, no es el corazón de la gestión de un registro público, que requiere conocimientos más específicos de índole legal y burocrática.

Implicaciones y debate en la función pública

Esta decisión, enmarcada en la Ley Nº 10.430 (T.O. Decreto N° 1.869/96) y el Decreto N° 641/25, pone el foco en la rigidez de la administración pública y los criterios para el otorgamiento de beneficios. ¿Es justo que un título no sea reconocido si el funcionario demuestra capacidad en su puesto, aunque la carrera no sea directamente "atinente"? El caso de CAPASSO abre el debate sobre la flexibilidad y la interpretación de los requisitos en el sector estatal, y cómo se evalúa el aporte de los profesionales más allá de una etiqueta académica específica.

Para el ciudadano común, este episodio resalta cómo se administran los fondos públicos y los beneficios que perciben los funcionarios, así como la importancia de entender las normativas que regulan estos aspectos. La transparencia y la justificación de cada erogación son vitales en un contexto de escrutinio constante. Para estar al tanto de futuras actualizaciones sobre políticas de personal en la administración pública bonaerense, se recomienda seguir los comunicados del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y de la Secretaría General.