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El Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM) dictó la caducidad de múltiples autorizaciones radioeléctricas, afectando a un grupo diverso de empresas y personas. Una movida que genera incertidumbre en el espectro y pone en jaque la continuidad de operaciones para varios actores en el país.
El Boletín Oficial ha revelado una decisión contundente del Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM) que sacude el panorama de las telecomunicaciones y el uso del espectro radioeléctrico en Argentina. Mediante el edicto de notificación (art.42 del DEC.1759/72), se ha declarado la caducidad de numerosas autorizaciones radioeléctricas otorgadas a un heterogéneo listado de empresas y particulares, una medida que, sin dudas, enciende las alarmas.
La , con fecha 02/06/2025, ha fulminado los permisos de nombres tan variados como BERTACCA S.A., CAOLINERA PATAGONICA S.A., CINCO ESTRELLAS S.A., DISTRIBUIDORA DE CARNES DEL SUR S.R.L., DON BENITO DE TUDCUM S.A., DORSAC S.R.L., EL PIAVE S.A., ESTABLECIMIENTO FORESTAL EL 5 S.A.F.A., FRANCISCO DOMINGO LA MENZA Y CIA. S.A., y GEOPETROL S.A., además de varios individuos como ALESSO NORMA MARIA y BERGONZI ROBERTO BAUTISTA. La caducidad implica, lisa y llanamente, que pierden el derecho a utilizar las frecuencias radioeléctricas que les habían sido asignadas, lo que puede paralizar sus operaciones si dependían de ellas para sus servicios o comunicaciones internas.
"ARTÍCULO 1º - DECLÁRASE la caducidad de las autorizaciones radioeléctricas oportunamente otorgadas... por los motivos expuestos en los considerandos."
Esta medida, firmada por Juan Martín OZORES, Interventor del ENACOM, se enmarca en la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos Nº 19.549 y el Reglamento de Procedimientos Administrativos Decreto Nº 1.759/72 T.O.2017. Si bien se trata de un acto administrativo, su alcance es significativo: no solo afecta directamente la operatoria de las entidades mencionadas, sino que también envía una señal clara sobre el endurecimiento de los controles y la revisión de los permisos en el sector de comunicaciones. Las dependencias competentes deberán ahora asentar esta caducidad en los registros, un paso que formaliza la pérdida de los derechos sobre el espectro.
Para los ciudadanos, esta purga en el espectro podría significar futuras reasignaciones de frecuencias o un ajuste en la calidad de ciertos servicios si las empresas afectadas no logran regularizar su situación o si sus servicios se ven interrumpidos. Es un recordatorio de la importancia de la supervisión estatal en un recurso tan vital como el espectro radioeléctrico.
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