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La Aduana intensifica su caza de infractores con un aluvión de notificaciones de condenas y citaciones. Miles de pesos y dólares en juego, con el riesgo de "rebeldía" y el Estado al acecho. ¿Quiénes son los nuevos "enemigos públicos"?
Las Aduanas de Bernardo de Irigoyen, Tinogasta y el Departamento de Procedimientos Legales Aduaneros lanzaron una andanada de notificaciones que sacude los cimientos de la burocracia aduanera y pone en jaque a decenas de ciudadanos. Se trata de resoluciones de condena por infracciones graves y citaciones urgentes para presentar defensas, bajo la amenaza de ser declarados en "rebeldía".
En Bernardo de Irigoyen, se notificó a individuos como SCHMIDT CRISTIAN ADRIAN con multas de $488.720,00 y LOPES JOCIMAR JOSE con una cifra escalofriante de $7.202.000,00 por infracciones a los artículos 970, 986 y 987 del Código Aduanero. Estos montos demuestran la severidad de las sanciones impuestas. Los afectados tienen 15 días para interponer demandas contenciosas ante el Juzgado Federal de Iguazú o, si el monto supera los $25.000, recurrir al Tribunal Fiscal de la Nación.
Desde Tinogasta, la situación no es menos dramática. Se citó a más de 40 personas, entre ellas CORTÉZ OLGUIN MABEL ARIANA con una multa de $9.033.796,80 y USD$3.569,70 en tributos, y LÓPEZ PEDRO VICENTE con $9.722.955,46 y USD$4.649,99. La Aduana les exige comparecer en 10 días hábiles para presentar defensas, bajo apercibimiento de rebeldía. La advertencia es clara: el pago voluntario de la multa mínima y el abandono de la mercadería extingue la acción penal.
Finalmente, el Departamento de Procedimientos Legales Aduaneros de CABA también emitió citaciones con multas que van desde los $197.237,73 para MARCIAK BASPINERO ANDRES hasta los $990.815,96 para FLORES MAMANI OMAR. Aquí, el plazo es también de 10 días hábiles para ejercer la defensa.
Esta batería de avisos subraya la implacable persecución de la Aduana contra el contrabando y las irregularidades. Para los ciudadanos, es una llamada de atención sobre la importancia de cumplir con la normativa aduanera y, para los involucrados, la urgencia de actuar legalmente para evitar consecuencias mayores. La Aduana no perdona y el reloj corre.
