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Una medida explosiva del Ministerio de Economía sacude al campo argentino: la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca derogó exenciones de aranceles del SENASA, poniendo fin a un trato preferencial para la agricultura familiar. ¿Igualdad de condiciones o un golpe al bolsillo de los pequeños productores?
El Boletín Oficial estalló con una noticia que ya genera polémica en el sector agropecuario. La Resolución 232/2025 de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca, bajo la órbita del Ministerio de Economía, eliminó las exenciones de aranceles que el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA) otorgaba a la agricultura familiar y a otras actividades amparadas por resoluciones anteriores de 2013, 2016 y 2024.
La medida, que entró en vigencia con su publicación, sustituye el Anexo II de la Resolución N° 2/2024, que detallaba las eximiciones. Ahora, el objetivo declarado es "garantizar que todos los actores -personas humanas y/o jurídicas-, se encuentren en un pie de igualdad". En la práctica, esto significa que miles de pequeños productores, cooperativas y emprendimientos de agricultura familiar que antes estaban exentos de pagar ciertos servicios del SENASA, ahora deberán afrontar esos costos.
Esta decisión se enmarca en una "reorganización de las políticas arancelarias" y un supuesto análisis de las eximiciones otorgadas. Para el Gobierno, es un paso hacia la equidad de mercado y una posible vía para aumentar la recaudación del organismo. Sin embargo, para la agricultura familiar, representa un golpe directo a su economía, que ya suele operar con márgenes ajustados. Podría generar un aumento en los costos de producción, que eventualmente se trasladarían a los precios al consumidor o reducirían aún más la rentabilidad de los productores más vulnerables. La Ley N° 27.233 declara de interés nacional la sanidad animal y vegetal, y el SENASA es su autoridad de aplicación. La pregunta es si esta "igualdad" no termina perjudicando a los eslabones más débiles de la cadena productiva.
"Se considera procedente discontinuar las eximiciones relativas a la agricultura familiar, como así también las establecidas mediante las Resoluciones Nros. 850/2013, 81/2016, 102 y 103/2024, y 120/2024."
Para el ciudadano común: Prepárese para posibles subas en productos de la canasta básica o una reducción en la diversidad de oferta de pequeños productores, ya que los nuevos costos podrían forzar a algunos a abandonar la actividad. Es crucial estar atentos a cómo esta medida impacta en los precios y la disponibilidad de alimentos.
