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La Dirección Provincial de Pesca extiende 45 días la validez de los permisos de pesca 2025. ¿El motivo? La propia burocracia estatal no llegó a tiempo con las renovaciones para 2026.
En una medida que trae alivio y bronca a partes iguales en el sector pesquero bonaerense, la Dirección Provincial de Pesca ha decidido prorrogar por 45 días hábiles administrativos la vigencia de todos los permisos y autorizaciones de pesca del período 2025, cuyo vencimiento original era el 31 de marzo de 2026. La extensión rige a partir del 1 de abril de 2026.
¿El motivo de esta prórroga excepcional? La propia administración provincial se quedó corta de tiempo. Según el Boletín Oficial, 'circunstancias estrictamente administrativas que ha impedido concluir en tiempo oportuno la totalidad de los trámites respectivos', como la actualización de sistemas, la verificación documental masiva y la adecuación operativa de circuitos de control, son las responsables.
La disposición aclara que estas demoras son 'ajenas a la voluntad y responsabilidad de los administrados', quienes, en su mayoría, cumplieron con sus obligaciones. Esto resalta un punto crucial: los pescadores no deben pagar el precio de la lentitud burocrática. La medida busca garantizar la continuidad de la actividad pesquera legalmente habilitada y evitar 'perjuicios económicos y operativos' que serían directamente imputables a fallas estatales.
Sin embargo, la prórroga no es un 'salvoconducto'. Los titulares de los permisos deben seguir cumpliendo con todas las obligaciones legales, reglamentarias y técnicas y, por supuesto, completar los trámites de renovación que aún están pendientes. Es un parche temporal para que los barcos no queden amarrados por problemas de escritorio, pero la burocracia sigue su curso. Una situación que expone la necesidad de modernizar y agilizar los procesos administrativos para no frenar la rueda productiva.
Para el ciudadano común: Si bien es una buena noticia para los pescadores, esta situación es un recordatorio de cómo la ineficiencia estatal puede impactar directamente en la economía local y los medios de vida. Es fundamental que el Estado modernice sus procesos para no generar incertidumbre ni pérdidas económicas a los ciudadanos.
