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Ante la imparable escalada de precios, el Organismo Provincial de Contrataciones (OPCGP) de Buenos Aires habilita una "megarrevisión" de convenios clave con proveedores de señalética, insumos de salud, construcción, transporte y más. ¿Impacto millonario en las arcas públicas y alivio para las empresas?
La provincia de Buenos Aires enfrenta la cruda realidad inflacionaria, y el Boletín Oficial del 26 de enero de 2026 lo evidencia con una batería de resoluciones del Organismo Provincial de Contrataciones (OPCGP). Estas medidas confirman la necesidad de ajustar precios en contratos públicos para evitar un desabastecimiento crítico. El mecanismo es claro: si la variación de costos supera el 5% –según índices como el IPIM o el ICC–, los valores contractuales se actualizan. Un salvavidas para proveedores, pero una presión extra para las arcas provinciales.
Impacto en cadena: ¿Quién siente el golpe? Esta ola de ajustes no es un mero trámite; toca fibras sensibles de la economía bonaerense. Los principales rubros afectados incluyen:
El Dilema del Estado: Gasto vs. Servicio Esta serie de medidas subraya la tensión constante entre mantener el funcionamiento estatal y gestionar un presupuesto bajo presión inflacionaria. Si bien las revisiones son cruciales para que los proveedores no abandonen contratos, asegurando la continuidad de servicios públicos, el costo final recae en las arcas provinciales. Esto podría traducirse en mayor presión fiscal o recortes en otras partidas. Los ciudadanos, aunque no lo perciban, ven cómo el costo de "mantener la rueda" del Estado se encarece. Es una gestión delicada para garantizar que la provincia siga en marcha sin desfinanciarla por completo.
