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La AAIP impone el uso de una plataforma digital para todas las solicitudes de información pública a partir de septiembre, prometiendo eficiencia pero generando desafíos para los organismos y la ciudadanía.
La Agencia de Acceso a la Información Pública (AAIP) ha lanzado una medida que cambiará radicalmente la forma en que los ciudadanos interactúan con el Estado para obtener información. La Resolución 148/2025 establece la implementación y uso obligatorio del "Sistema de Seguimiento de Solicitudes de Acceso a la Información de la AAIP" a partir del 1° de septiembre de 2025. ¡Prepárense, organismos y ciudadanos, porque la era del papel y el trámite manual está a punto de terminar!
La AAIP, en su rol de garante del derecho de acceso a la información pública (Ley N° 27.275), busca con esta plataforma tecnológica una mayor eficiencia y eficacia en la gestión de las solicitudes. El sistema permitirá:
Desde noviembre de 2024, diez organismos ya probaron el sistema, y ahora se extiende la obligatoriedad a una amplia gama de sujetos obligados, incluyendo dependencias de la Administración Pública Nacional, Universidades Nacionales y Empresas del Estado. Para acompañar el cambio, la AAIP brindó capacitaciones y elaboró manuales de usuario.
La resolución no solo impulsa la modernización, sino que también pone límites. A partir del 1° de enero de 2026, la omisión en la gestión de las solicitudes a través del nuevo sistema será considerada una infracción y se aplicarán los procedimientos sancionatorios previstos en la Ley N° 27.275. Esto significa que los organismos que no se adapten a tiempo podrían enfrentar consecuencias significativas.
"A partir del 1º de enero de 2026, la omisión en la gestión de las solicitudes de acceso a través del Sistema de Seguimiento de Solicitudes de Acceso a la Información de la AAIP, se encuentra comprendida dentro del marco normativo previsto en la Ley N° 27.275..."
Además, se derogan resoluciones anteriores (AAIP N° 143/22 y DNPDP N° 2/23) para simplificar el marco normativo. Para el ciudadano común, esta medida promete un acceso más rápido y transparente a la información pública, pero requerirá que los organismos estatales estén a la altura del desafío digital. El objetivo es claro: más transparencia, menos burocracia, pero con la amenaza de sanciones para quienes se queden en el pasado.
