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La Dirección Nacional de Vialidad confirma el cierre de las audiencias públicas para la "Red Federal de Concesiones - Etapa III", allanando el camino para que el sector privado tome el control de las rutas más importantes del país. ¿Se viene el peaje a gran escala?
La Dirección Nacional de Vialidad (DNV), bajo la órbita del Ministerio de Economía, acaba de dar un paso crucial hacia la privatización de la infraestructura vial argentina con la Resolución 1244/2025. Esta medida aprueba los informes de cierre de las audiencias públicas para la ambiciosa "Red Federal de Concesiones - Etapa III", que incluye tramos vitales de rutas nacionales como la 7, 9, 11, 12, 16, 18, 19, 34, 66, 105, 1V-66, A-012, A-016, entre otras.
Es la luz verde formal para avanzar con la licitación pública, tanto nacional como internacional, para otorgar la concesión por peaje de estas rutas. La idea es que empresas privadas se encarguen de la construcción, explotación, administración, reparación, ampliación, conservación y mantenimiento de estos corredores viales, bajo el régimen de la Ley Nº 17.520, modificada por la “Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos” N° 27.742.
Esta decisión se enmarca en la polémica "Ley de Bases" y el Decreto N° 97/2025, que instruyó a la DNV a licitar estos tramos. El gobierno busca "reducir el sobredimensionamiento de la estructura estatal", "disminuir el déficit" y "transparentar el gasto", apostando por la inversión privada para el desarrollo vial. Las audiencias públicas, que tuvieron lugar en Mendoza (Tramo Cuyo), Tucumán (Tramos Centro-Norte y Noroeste), Resistencia (Tramos Chaco-Santa Fe, Litoral y Noreste) y Paraná (Tramos Centro y Mesopotámico), contaron con la participación de cientos de inscriptos y expositores, cuyas opiniones, aunque no vinculantes, "fueron consideradas adecuadamente".
La implicación más directa para los usuarios será la expansión de los peajes, que podrían ver un aumento en su cantidad y, potencialmente, en sus tarifas, aunque se espera una mejora en la calidad y seguridad de las rutas. Para las empresas constructoras y de servicios de transporte, se abre un enorme mercado de oportunidades y contratos, pero también una mayor dependencia de las reglas de las concesiones. La pregunta que queda en el aire es si este modelo logrará la prometida eficiencia y el equilibrio de las cuentas públicas, o si generará una carga excesiva para los ciudadanos.
Para el ciudadano común: Prepárate para posibles nuevos peajes o aumentos en las rutas que uses. La promesa es mejor infraestructura, pero el costo podría recaer directamente en tu bolsillo. Estar atento a las licitaciones y los futuros cuadros tarifarios será fundamental.
