¡Revolución Verde! El Gobierno Impulsa los Bioinsumos para el Agro

En un giro hacia una producción más sostenible, la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca del Ministerio de Economía, bajo la Resolución 128/2025, acaba de darle un nuevo impulso al sector de los bioinsumos agropecuarios. Esta medida no solo deroga una resolución anterior (la N° 41/21) sino que actualiza la definición de "bioinsumo" y relanza el Comité Asesor en Bioinsumos de Uso Agropecuario (CABUA).

¿Qué es un bioinsumo? Según la nueva definición oficial, es "todo aquel producto biológico que consista o haya sido producido por microorganismos o macroorganismos, extractos o compuestos bioactivos derivados de ellos y que esté destinado a ser aplicado como insumo en la producción agropecuaria, agroalimentaria, agroindustrial y/o agroenergética". Esto abarca desde biofertilizantes y fitoestimulantes hasta biocontroladores y biorremediadores.

El CABUA: Un Actor Clave en la Transición Verde

El renovado CABUA, que funcionará en la órbita de la Coordinación de Innovación y Biotecnología, tendrá un rol central. Sus funciones incluyen:

• Asesorar a la Autoridad de Aplicación en temas de bioinsumos.
• Opinar sobre el otorgamiento del Sello BIOPRODUCTO ARGENTINO y el Certificado de Interés.
• Proponer nuevas normas y emitir opinión sobre la regulación del sector.
• Sugerir criterios y acciones para las políticas, planes y programas.

La importancia de esta resolución radica en la tendencia creciente a reemplazar agroquímicos por bioinsumos, buscando una producción más amigable con el ambiente y más valorizada en los mercados internacionales. Argentina, con su vasta investigación y desarrollo en recursos biológicos, tiene un potencial enorme para liderar en este campo. Esta política busca fomentar la innovación y la biotecnología en el agro, sin generar "erogaciones adicionales" para el Estado, ya que los miembros del CABUA trabajarán ad honorem.

Para el productor, esto significa la posible ampliación de herramientas más sustentables y eficientes. Para la industria, representa un marco regulatorio más claro y un impulso oficial para la inversión y el desarrollo de estos productos. Y para el consumidor, la promesa de alimentos producidos con menor impacto ambiental.