El Gobierno Nacional acaba de meter un bombazo en el sector educativo privado con el Decreto 787/2025, una medida que deroga por completo el Decreto N° 2417/1993. Esta normativa era clave porque establecía las reglas de juego para la fijación de aranceles y la comunicación de cuotas en los colegios de gestión privada. ¡Se viene un cambio de época!
¿Qué significa esta desregulación?
- Libertad de Precios para Colegios Privados: A partir de ahora, los institutos de enseñanza privada ya no tendrán la obligación de presentar los montos de matrícula y cuotas con anticipación a la autoridad estatal, ni de obtener su autorización previa para modificarlos. Esto les da plena autonomía para ajustar sus precios según sus costos operativos y las "fluctuaciones del mercado".
- Adiós a la Regulación de Aranceles: El Estado se retira de la injerencia directa en la determinación de los valores de la educación privada, delegando esa potestad completamente a las instituciones.
- Revisión del Decreto 2542/91: El Ministerio de Capital Humano, a través de la Secretaría de Educación, deberá revisar el Decreto 2542/91, que establece el sistema de financiamiento de la educación pública de gestión privada. Esto podría abrir la puerta a futuros cambios en los subsidios estatales a estos establecimientos.
El Gobierno justifica la medida argumentando que la regulación anterior "dificultaba la adaptación a las realidades educativas y económicas del país", generaba "incertidumbre económica" para los institutos y los obligaba a fijar cuotas más elevadas por temor a no cubrir costos. Además, señala que la intervención estatal "constriñe el derecho de propiedad" de los establecimientos privados y que el principio de "libre contratación debe ser resguardado".
Las implicaciones son enormes y polarizantes:
- Para las familias: La principal preocupación es la incertidumbre sobre el valor de las cuotas. Sin un marco regulatorio, los colegios podrían aumentar sus aranceles en cualquier momento, dificultando la planificación económica familiar y potencialmente obligando a traslados de alumnos. El Gobierno sugiere que esto podría bajar los aranceles al eliminar la "sobre-estimación" por la incertidumbre, pero el riesgo de aumentos es real.
- Para los colegios privados: Ganarán una libertad sin precedentes para manejar sus finanzas, ajustar salarios y costos, y competir en el mercado. Esto podría traducirse en una mayor flexibilidad y, según la visión oficial, en una mejora de la calidad educativa al poder responder mejor a sus necesidades.
- Para la calidad educativa: El decreto sostiene que la regulación anterior llevaba a una "precarización de la calidad". Ahora, se espera que la competencia y la libertad de gestión impulsen mejoras, aunque también podría generar una brecha mayor entre instituciones con distintas capacidades económicas.
Esta medida es un giro radical en la política educativa y se inscribe en una filosofía de desregulación profunda y confianza en el mercado. El debate sobre el rol del Estado en la educación y el acceso a la misma, está más encendido que nunca.
