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El Gobierno impulsa la mediación prejudicial obligatoria 100% digital, con videoconferencias, firmas electrónicas y notificaciones online. ¿Un paso gigante hacia una justicia más ágil o más burocracia virtual?
En un giro tecnológico que promete cambiar la cara de la justicia argentina, el Poder Ejecutivo ha promulgado el Decreto 696/2025, que modifica sustancialmente el Decreto N° 1467/2011 para incorporar la digitalización total de la mediación prejudicial obligatoria. Se acabó la era del papel y los viajes interminables: ahora, la mediación se vuelve virtual, con la promesa de agilizar los procesos y democratizar el acceso a la justicia.
La medida establece la implementación de un Sistema Informatizado de Gestión Integral de la Mediación Prejudicial Obligatoria. Esto significa que las audiencias podrán realizarse por videoconferencia u otros medios análogos, siempre garantizando la identidad de las partes y la confidencialidad. Las notificaciones serán electrónicas, las actas se generarán en formato digital y se utilizará la firma electrónica para las partes y letrados, y la firma digital para los mediadores.
Hasta ahora, la presencialidad era la regla, con excepciones por distancia o durante la pandemia. Este decreto convierte la modalidad virtual en la norma, dejando la presencialidad a criterio del mediador y las partes. Esta decisión se basa en la experiencia acumulada durante más de cinco años de audiencias virtuales forzadas por la pandemia, que demostraron la eficiencia, reducción de plazos y costos, y la capacidad de mantener la confidencialidad y los principios de la mediación.
Para los ciudadanos, esto se traduce en mayor accesibilidad a la justicia, especialmente para aquellos que viven lejos de los centros urbanos o tienen dificultades de movilidad. Los costos asociados a la mediación (traslados, notificaciones físicas) se reducirán significativamente. Para los profesionales del derecho y las empresas, implica una adaptación tecnológica y la posibilidad de gestionar conflictos de manera más eficiente.
El Ministerio de Justicia tiene un plazo de 180 días corridos (prorrogables por 90 más) para implementar este ambicioso sistema. Esto incluye no solo la plataforma para las mediaciones, sino también la interconexión con el Poder Judicial de la Nación, mediadores, centros de mediación y entidades formadoras. Un verdadero salto cuántico para la justicia argentina, que busca ponerse a la altura de los avances tecnológicos globales.
