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Entre prórrogas salvadoras para los contribuyentes y la *inevitable* actualización por inflación de sus licitaciones, la Comisión Arbitral mueve el tablero fiscal y administrativo, dando aire a empresas pero ajustando sus propias cuentas.
La Comisión Arbitral del Convenio Multilateral ha desatado una serie de resoluciones que impactan directamente en la dinámica fiscal y administrativa del país, mezclando alivio para los contribuyentes con ajustes por la galopante inflación.
La Resolución General 1/2026 es un claro reflejo de la realidad económica argentina. Ante la depreciación monetaria y un Índice de Precios al Consumidor (IPC) del 31,5% en 2025, la Comisión Arbitral se vio obligada a actualizar los montos límite para sus compras y contrataciones. Los nuevos topes son:
Esta medida, aunque técnica, es vital para que los procesos de adquisición del Estado mantengan cierta coherencia con los valores de mercado, evitando licitaciones desiertas o compras por fuera de los procedimientos adecuados debido a montos desactualizados.
Pero no todo es ajuste. La Resolución General 2/2026 trajo un suspiro de alivio para miles de empresas y agentes de retención. Esta norma ratifica una disposición de Presidencia que modifica los vencimientos de los anticipos de SIRCAR para los períodos de enero, febrero, mayo, julio y octubre de 2026. La decisión surge tras un pedido de cámaras empresariales y agentes, quienes señalaron que los plazos originales reducían el tiempo habitual para la presentación y pago, lo que generaba un estrés operativo y financiero innecesario. Ahora, los contribuyentes tendrán un poco más de aire para cumplir con sus obligaciones.
Sumado a esto, la Disposición 3/2026 anunció una postergación crucial en la entrada en vigencia del SIRCIP (Sistema Informático de Recaudación, Control e Información de Percepciones). Previsto inicialmente para el 1 de marzo de 2026, el sistema ahora comenzará a regir a partir del 1 de julio del corriente año. Esta prórroga de cuatro meses es una victoria para las cámaras y agentes de percepción que solicitaron más tiempo debido a cuestiones operativas y sistémicas, y a que algunas jurisdicciones aún no habían adecuado su normativa local. La postergación busca evitar un colapso en la implementación, permitiendo entornos de prueba y una transición más ordenada. Es una señal de pragmatismo ante la complejidad de los cambios fiscales.
