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En una movida administrativa que ya es costumbre, dos funcionarias de alto rango, una en la Biblioteca Nacional y otra en la Secretaría General de Presidencia, ven prorrogadas sus designaciones transitorias por 180 días más. La burocracia sigue su curso, ¿sin miras a la estabilidad?
El reloj de la administración pública sigue marcando prórrogas. En el Boletín Oficial de hoy, dos resoluciones confirman la extensión de designaciones transitorias para funcionarias en roles estratégicos, una práctica que se ha vuelto moneda corriente en el Estado.
Por un lado, la Resolución 253/2025 de la Biblioteca Nacional Doctor Mariano Moreno prorroga por Ciento Ochenta (180) días hábiles la designación de la arquitecta Susana Alicia CORRADI (DNI N° 10.475.584) como Directora de la DIRECCIÓN DE COMPRAS, INFRAESTRUCTURA Y BIENES. Esta extensión, que rige desde el 3 de octubre de 2025, se ampara en la necesidad de mantener el servicio y en la excepción a la prohibición de nuevas contrataciones, aunque el cargo deberá ser cubierto de forma permanente en ese plazo.
En un escenario similar, la Resolución 407/2025 de la SECRETARÍA GENERAL de la PRESIDENCIA DE LA NACIÓN extiende, también por Ciento Ochenta (180) días hábiles, la designación de la arquitecta Carolina Patricia RAGGIATI (DNI N° 21.729.364). Ella continuará como Coordinadora de Infraestructura Edilicia de la Dirección Nacional de Planificación Estratégica, Patrimonio e Infraestructura Edilicia. Su prórroga es efectiva desde el 25 de septiembre de 2025 y, al igual que en el caso anterior, se autoriza el pago de Suplemento por Función Ejecutiva Nivel IV, a pesar de no cumplir con todos los requisitos formales del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del SINEP.
Estas prórrogas, aunque rutinarias, reflejan una tendencia a la precariedad en ciertos cargos de la administración pública, donde las designaciones transitorias se extienden una y otra vez sin llegar a concursos definitivos. Si bien se garantiza la continuidad de funciones clave, la falta de estabilidad puede generar incertidumbre y cuestionamientos sobre la planificación a largo plazo en áreas sensibles como las compras o la infraestructura de edificios públicos tan importantes como la Casa Rosada o la Biblioteca Nacional. Es fundamental que estos procesos se regularicen para asegurar la mejor gestión de los recursos públicos.
