¡Inflación sin freno! La Defensoría General sube su tope de alquileres a $75 millones

En una movida que expone crudamente el impacto de la inflación en las finanzas públicas, la Defensoría General de la Nación ha decidido incrementar el tope de sus contratos de locación que pueden tramitarse de manera simplificada. A través de la Resolución 128/2025, el monto máximo pasa de 42 millones a la impactante cifra de 75 millones de pesos. Esta medida, lejos de ser un mero ajuste administrativo, es un termómetro de la escalada de precios en el mercado inmobiliario argentino.

¿Por qué este salto millonario?

La justificación es clara y contundente: el "actual contexto económico de nuestro país" y las "constantes variaciones e incrementos progresivos" en el mercado inmobiliario. Según el Área de Gestión y Planificación de Espacios Físicos, se estaban encontrando "serias dificultades para concretar tanto la renovación de contratos como la suscripción de nuevas locaciones". En otras palabras, la inflación estaba ahogando la capacidad operativa del organismo para asegurar sus espacios de trabajo.

"...teniendo en cuenta el tiempo transcurrido y el actual contexto económico de nuestro país, como también las condiciones que rigen dentro del mercado inmobiliario, el cual sufre constantes variaciones e incrementos progresivos..."

Este aumento de casi el 80% en el límite de contratación es una señal inconfundible de cómo la economía real afecta hasta las estructuras más burocráticas del Estado. Para el ciudadano, esto significa que la inflación no discrimina y sus efectos se sienten desde el alquiler de una vivienda hasta los contratos de oficinas estatales. Es un recordatorio de la urgencia de medidas económicas que estabilicen los precios y permitan una planificación más predecible, tanto para el sector público como para el privado. La Defensoría, al menos, busca adaptarse para no paralizar sus funciones esenciales de defensa de los derechos.