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El Ministerio de Seguridad Nacional despliega un nuevo sistema federal con reconocimiento de patentes (LPR) para cazar vehículos robados en todo el país. ¿El fin de la impunidad para los delincuentes y un respiro para los ciudadanos?
El Ministerio de Seguridad Nacional ha declarado la guerra abierta al robo de vehículos con la Resolución 866/2025, que crea el "SISTEMA FEDERAL DE IDENTIFICACIÓN DE VEHÍCULOS CON PEDIDO DE SECUESTRO". Esta iniciativa busca ser un antes y un después en la lucha contra uno de los delitos que más atormenta a los argentinos, utilizando tecnología de reconocimiento de patentes (LPR - License Plate Recognition).
La medida se basa en el ya existente SISTEMA FEDERAL DE COMUNICACIONES POLICIALES (SIFCOP), una base de datos federal que ya cuenta con más de 1.900.000 registros y maneja un promedio de 120.000 pedidos de secuestro vehiculares anuales. Ahora, la idea es integrar esta información con los sistemas de cámaras LPR que ya se están instalando en distintas jurisdicciones provinciales. Estas cámaras, con su capacidad de reconocimiento óptico de caracteres, pueden identificar automáticamente vehículos con pedido de secuestro en tiempo real.
El plan es ambicioso: trabajar de forma coordinada con las 23 provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, invitándolas a adherirse a este nuevo sistema a través de convenios de cooperación. La clave del éxito radicará en que todas las jurisdicciones extremen las medidas para incorporar al SIFCOP todas las altas y bajas de vehículos robados o recuperados, garantizando que la información sea siempre precisa y actualizada.
¿Qué significa esto para la sociedad? Para los ciudadanos, es una esperanza concreta para reducir el flagelo del robo automotor. La tecnología LPR permitirá a las fuerzas de seguridad una capacidad de detección mucho mayor y más rápida, lo que podría derivar en la recuperación de más vehículos y la disuasión de bandas delictivas. Sin embargo, también plantea el debate sobre la vigilancia masiva y la protección de datos personales, aunque el foco explícito es la seguridad pública. El Consejo de Seguridad Interior será el motor de esta iniciativa, buscando la adhesión federal y la implementación efectiva.
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