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El Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES) ha desatado una ola de cancelaciones, dejando a decenas de cooperativas y mutuales, principalmente de San Juan y Santa Cruz, fuera de juego. ¿Fin de la asistencia o limpieza profunda del sector?
El Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES), con sede en Av. Belgrano 1656, ha sacudido el tablero de la economía social con una serie de resoluciones que ordenan la cancelación de la inscripción de numerosas entidades en el Registro Nacional de Cooperativas y Mutualidades. ¡Un verdadero terremoto para el sector!
En total, 24 cooperativas y 10 mutuales han sido dadas de baja, con una fuerte concentración en San Juan para las cooperativas (desde vivienda y consumo hasta agrícolas e industriales) y en Santa Cruz y Salta para las mutuales (incluyendo asociaciones de trabajadores y personal de seguridad). Nombres como "COOP DE VIVIENDA Y CONSUMO LAZOS SOLIDARIOS LTDA" o "ASOCIACIÓN MUTUAL SANTACRUCEÑA DE LOS SERVICIOS DE SOLIDARIDAD SOCIAL" ahora figuran en una lista negra que implica la pérdida de su estatus legal y beneficios asociados.
Esta medida, aunque se enmarca en las facultades de control del INAES, genera preocupación y un impacto negativo en las comunidades que dependen de estas estructuras. Muchas de estas entidades cumplen roles vitales en el acceso a vivienda, trabajo, consumo y servicios en sus localidades. La cancelación puede significar el cierre de actividades, la pérdida de empleos y el desmantelamiento de redes de apoyo social y económico.
Las entidades afectadas tienen, eso sí, la opción de recurrir la medida. Se les informa sobre plazos para presentar recursos de Revisión, Reconsideración, Aclaratoria o Alzada, o incluso la acción judicial pertinente. Sin embargo, el camino burocrático para revertir una cancelación suele ser largo y complejo, lo que añade una carga más a estas organizaciones, muchas de ellas con recursos limitados.
Este accionar del INAES puede interpretarse como una limpieza de organizaciones inactivas o irregulares, buscando sanear el registro. Pero para los involucrados, es un golpe duro que afecta directamente a la participación colectiva y el desarrollo local. Es crucial que los ciudadanos y miembros de estas entidades estén atentos a los plazos y procedimientos para defender sus derechos.
