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Dos agentes civiles de la Armada Argentina ven sus recursos jerárquicos rechazados por el Poder Ejecutivo, agotando la vía administrativa en disputas por sus categorías y grados escalafonarios. ¿Fin de la polémica o inicio de batallas judiciales?
El Gobierno Nacional, a través de sendos decretos firmados por el Presidente Milei y el Ministro de Defensa Luis Petri, ha zanjado dos acaloradas disputas administrativas que involucran a personal civil de la Armada Argentina. Se trata de los casos de Fabián Alberto MORA (D.N.I. Nº 17.511.600) y Diego Martín SÁNCHEZ (D.N.I. Nº 27.771.390), quienes habían presentado recursos jerárquicos contra resoluciones del Ministerio de Defensa de 2017 que determinaron sus reencasillamientos.
Ambos agentes, con trayectorias de más de una década en la Administración Pública Nacional, alegaban haber sido erróneamente ubicados en sus agrupamientos, niveles y grados escalafonarios. Mora, un 'Mecánico Motorista Especializado' con 34 años de antigüedad, argumentaba un error en su asignación al Agrupamiento Producción, Nivel V - Grado 11. Sánchez, por su parte, con 15 años de servicio y título secundario, cuestionaba su ubicación en el Agrupamiento Técnico, Nivel V, Grado 5.
'Se concluye que el mismo fue correctamente reencasillado', dictamina el texto oficial en el caso Mora, reflejando la postura del Poder Ejecutivo.
Las autoridades se basaron en el Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial para el Personal Civil y Docente Civil de las Fuerzas Armadas y de Seguridad, homologado por el Decreto N° 2539/15, y las modificaciones posteriores. La Oficina Nacional de Empleo Público del flamante Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado avaló las decisiones.
¿Qué significa esto para los afectados? Con la vía administrativa agotada, Mora y Sánchez tienen ahora un plazo de 180 días hábiles judiciales para llevar sus reclamos a la Justicia. Es un recordatorio contundente de que, aunque la burocracia estatal puede ser lenta y compleja, las decisiones finales del Ejecutivo son firmes, abriendo la puerta a litigios que podrían sentar precedentes para otros empleados públicos en situaciones similares.
