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La Dirección Nacional de Vialidad castiga con dos multas multimillonarias a la concesionaria Caminos del Río Uruguay S.A. por el abandono de rutas clave en Corrientes y la Ruta Nacional 14. ¡Pasto alto y deformaciones que ponen en riesgo a los conductores!
La Dirección Nacional de Vialidad (DNV) no se anda con chiquitas y le clavó dos multas de alto impacto a Caminos del Río Uruguay S.A., la empresa concesionaria del Corredor Vial N° 18, por el "estado calamitoso" de tramos críticos en la red vial. Estas resoluciones, la 1401/2025 y la 1402/2025, ponen en evidencia la negligencia en el mantenimiento de rutas que afectan directamente la seguridad de miles de usuarios.
La Resolución 1401/2025 sanciona a la empresa por la existencia de pasto largo y malezas en la Ruta Nacional N° 117, en Corrientes, específicamente entre el Km 8+050 y el Km 11+000, abarcando unas 11 hectáreas. Esto no es solo una cuestión de estética; la falta de corte mecánico y manual bajo las barreras de seguridad y cerca de las señales verticales representa un grave peligro para la visibilidad y la seguridad vial. La multa impuesta es de 8.800 Unidades de Penalización (UP), un monto considerable que refleja la gravedad del incumplimiento.
Pero el plato fuerte viene con la Resolución 1402/2025, que apunta a la Ruta Nacional N° 14, entre el Km 344 y el Km 354. Aquí, Vialidad constató una "deformación transversal excesiva mayor de 12 mm", lo que en la jerga vial se conoce como ahuellamiento. Estas deformaciones no solo causan una sensación de incomodidad, sino que son un riesgo latente de inestabilidad vehicular, especialmente bajo la lluvia, al favorecer la acumulación de agua. Por esta falla crítica, la multa asciende a 11.570 UP.
"Las deficiencias representan un peligro para la seguridad vial o un menoscabo en las condiciones exigidas contractualmente de estética, seguridad y confort para el usuario."
El trasfondo de estas sanciones es aún más complejo: Caminos del Río Uruguay S.A. se encuentra en concurso preventivo de acreedores desde 2023, y su concesión fue prorrogada por 12 meses hasta el 9 de abril de 2025, justamente porque "no existían operadores en condiciones de asumir la prestación de los servicios". La DNV actuó como Autoridad de Aplicación para garantizar la continuidad del servicio, pero la empresa no subsanó las deficiencias a tiempo. La falta de descargo por parte de la concesionaria solo refuerza la imputación de responsabilidad. Estas multas, que se suman a la difícil situación financiera de la empresa, son un claro mensaje de que la seguridad en las rutas no se negocia, y el Estado exigirá el cumplimiento de los contratos, aún en contextos de crisis.
28 de enero de 2026
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