Recibe los análisis más provocadores del Boletín Oficial. No es una newsletter, es un manifiesto diario.
Nos tomamos en serio tu privacidad. No compartiremos tu información.
El Instituto de Estadística y Registro de la Industria de la Construcción lanza un plan de pagos inédito para empresas con deudas y moderniza el crucial Certificado del Empleador. ¿Aire fresco o parche para un sector en crisis?
¡Atención, empresarios de la pala y el cemento! El Instituto de Estadística y Registro de la Industria de la Construcción (IERIC) acaba de lanzar dos medidas que prometen sacudir los cimientos del sector. Por un lado, una modernización digital que agilizará trámites, y por el otro, un ambicioso plan de facilidades para saldar multas, que busca 'reinsertar' a las empresas infractoras. ¿Es una mano tendida o un intento desesperado por regularizar un sector con altos niveles de informalidad?
La primera bomba es la Resolución 49/2025, que establece la digitalización del Certificado del Empleador. A partir del 1° de julio de 2025, este documento clave, que acredita la inscripción y renovación anual del empleador, pasará a ser 100% digital. Los empleadores podrán autogestionarlo desde el sistema del IERIC, y lo más importante: su autenticidad se verificará con un código único y específico (token) en la página web del organismo. Esto busca combatir el fraude y dar mayor transparencia, algo vital en una industria donde la informalidad es un flagelo. Los que aún tengan el certificado en papel para el período 2025, deberán emitir el nuevo formato digital.
Pero la noticia que más ruido hará es la Resolución 50/2025, que presenta un plan especial y excepcional de pago de multas para empresas constructoras. ¡Hasta CUARENTA Y OCHO (48) cuotas para ponerse al día! Este 'perdón' abarca multas impuestas respecto a actas de inspección o infracción labradas hasta el 31 de julio de 2026, sin importar su estado procesal (administrativa, judicial, o incluso acuerdos anteriores caducados). La adhesión es posible hasta el 31 de julio de 2027.
Para entrar al plan, se exige un anticipo mínimo del 5% del valor puro de la multa, pagadero en hasta dos cuotas. El saldo se financiará con un interés del 2% mensual si se suscribe dentro de los 90 días hábiles de notificada la sanción. Si se demoran, la tasa será la activa a 30 días del Banco Nación hasta la firma del acuerdo, y luego el 2% mensual. Además, hay una cuota mínima mensual de $200.000 para personas humanas y $400.000 para personas jurídicas, que se actualizará semestralmente por el índice de precios de la construcción.
"Este plan busca apuntalar el desarrollo y crecimiento de las empresas para que contribuyan a la estructura productiva del país, promoviendo así la creación de fuentes de empleo."
Esta medida es un claro intento del IERIC por incentivar la regularización y reducir la litigiosidad, ofreciendo un salvavidas a muchas empresas ahogadas por las sanciones. Para el sector, significa una oportunidad de reordenamiento y, potencialmente, una inyección de formalidad. Para los trabajadores, un empleador regularizado es sinónimo de derechos garantizados. El impacto en la industria de la construcción podría ser significativo, aliviando la carga financiera de las empresas y promoviendo un entorno más transparente. Es crucial que los empleadores afectados evalúen esta ventana de oportunidad para evitar mayores complicaciones legales y financieras.
