¡Escándalo Energético! Privatización de Hidroeléctricas del Comahue: ¿Negocio o Riesgo?

En un paso que enciende las alarmas y genera debate, la Secretaría de Energía ha dictado una resolución clave para la continuidad operativa de los vitales complejos hidroeléctricos del COMAHUE, luego de su reciente y polémica preadjudicación a manos privadas. Se trata de una medida excepcional y transitoria que busca garantizar el suministro eléctrico mientras se ultiman los detalles de una de las privatizaciones más importantes de los últimos tiempos.

La resolución autoriza la habilitación operativa, administrativa y comercial en el Mercado Eléctrico Mayorista (MEM) para las empresas EDISON INVERSIONES S.A.U. (adjudicataria de Alicurá y Cerros Colorados), BML INVERSORA S.A.U. (El Chocón) y CENTRAL PUERTO S.A. (Piedra del Águila). Estas compañías fueron preadjudicatarias en el Concurso Público Nacional e Internacional de Etapa Múltiple N° 504/2-0001-CPU25 para la venta del 100% del capital accionario de estas sociedades concesionarias.

"Esta medida es un puente, pero no la aprobación definitiva. La tensión entre la necesidad de continuidad y la crítica por la celeridad de la privatización es palpable."

La urgencia radica en asegurar que la transferencia de control no afecte la seguridad del sistema eléctrico ni la previsibilidad para los agentes del MEM. Por eso, se establece un régimen excepcional que reconoce la continuidad automática como agente del MEM desde la "Toma de Posesión", aunque las empresas tendrán un plazo de TREINTA (30) días corridos para cumplir con la totalidad de los requisitos complementarios exigidos por la normativa.

¿Qué Implicaciones tiene esta Decisión?

• Continuidad del suministro: Es el principal objetivo, evitar cualquier interrupción en la generación eléctrica de estas centrales, vitales para el sistema interconectado.
• Dudas sobre la transparencia: La velocidad del proceso y la "excepcionalidad" de la medida alimentan las críticas sobre si se están respetando todos los pasos formales y garantizando la defensa de los intereses públicos.
• Impacto en el precio de la energía: La transferencia a manos privadas de estas megacentrales podría tener repercusiones en la estructura de costos y, eventualmente, en las tarifas para los usuarios finales.
• Control estatal vs. Mercado: La resolución subraya la tensión entre la intervención estatal para garantizar la transición y la visión de un mercado más liberalizado en el sector energético.

La decisión de la Secretaría de Energía es un parche necesario para evitar el caos, pero no disipa las sombras sobre un proceso de privatización que, para muchos, se está llevando a cabo con demasiada prisa y poca discusión pública. Los ojos de la nación están puestos en cómo se desarrollará esta transferencia de poder energético.