¡ESCÁNDALO EN LAS RUTAS! Multas millonarias por abandono vial

¡Indignación en las rutas argentinas! La Dirección Nacional de Vialidad no se anda con chiquitas y le aplicó dos sanciones demoledoras a Caminos del Río Uruguay S.A., la empresa concesionaria del Corredor Vial N.° 18. ¿El motivo? Incumplimientos graves en el mantenimiento y conservación de tramos clave de las Rutas Nacionales 12, 14, 117, 135 y A015. ¡Un verdadero golpe a la seguridad vial y al bolsillo de la empresa!

El Detalle de la Desidia

Por un lado, la Resolución 1619/2025 imputa a Caminos del Río Uruguay S.A. una infracción por 610 hectáreas con tareas incompletas de corte de pasto mecánico y manual en la Ruta Nacional N.° 14, provincia de Corrientes. Esto no es un detalle menor: el pasto alto no solo afea el paisaje, sino que compromete la visibilidad y, por ende, la seguridad de miles de conductores. La multa por este desmanejo asciende a la impactante suma de 1.978.143 Unidades de Penalización (UP), un monto que se calcula sobre la tarifa vigente y que representa un verdadero mazazo económico.

Pero la cosa no termina ahí. La Resolución 1620/2025 suma otra penalidad por la falta de medición de la rugosidad (regularidad superficial) en las Rutas Nacionales 12, 14, 117, 135 y A015 del mismo Corredor N.° 18. Esta medición es crucial para evaluar la calidad del asfalto y garantizar una conducción segura. La concesionaria, incluso, se negó a firmar el Acta de Constatación en 2018. Por este incumplimiento, la multa es de 75.000 UP, también calculada sobre la tarifa vigente.

Un Concurso Preventivo y el Fin de la Concesión

El contexto de estas multas es aún más dramático. Caminos del Río Uruguay S.A. se encuentra en concurso preventivo desde marzo de 2023. La concesión, que había sido prorrogada por Vialidad ante la falta de otros operadores, finalmente se extinguió el 9 de abril de 2025. Es decir, estas sanciones llegan como un epílogo a una gestión marcada por la controversia y el aparente descuido de la infraestructura vial.

"Las deficiencias representan un peligro para la seguridad vial y un menoscabo en las condiciones exigidas contractualmente, de estética, seguridad y confort para el usuario." - Informe de la Supervisión de Vialidad Nacional.

La Dirección Nacional de Vialidad argumentó que, a pesar de los ajustes tarifarios aprobados para la concesionaria, esta no cumplió con sus obligaciones, lo que podría haber generado un doble beneficio para la empresa en detrimento de los usuarios. Ahora, el Estado busca cobrar lo que la empresa no hizo, en un intento por poner orden y garantizar el mantenimiento adecuado de nuestras rutas.