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El Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM) castiga con duras multas a una veintena de prestadores de servicios de telecomunicaciones por incumplir con la presentación en término de sus Declaraciones Juradas. Un golpe a la burocracia y un llamado de atención para todo el sector, con plazos perentorios para pagar y regularizar.
El Boletín Oficial trae hoy una noticia que sacude al sector de las telecomunicaciones: el ENACOM salió con los tapones de punta y notificó a una larga lista de empresas que deberán enfrentar multas y regularizar su situación. Estamos hablando de pesos pesados como INTERTELL S.A., INTERWISP S.R.L., IP INTERNACIONAL S.A. y muchos otros, que figuran en la mira del ente regulador.
La controversia gira en torno a la falta de presentación en término de las Declaraciones Juradas de la Tasa de Control, Fiscalización y Verificación. Un trámite que, si bien suena a pura burocracia, es crucial para el funcionamiento y la transparencia del mercado de las comunicaciones. La RESOL-2024-305-APN-ENACOM#JGM, con fecha del 09 de agosto de 2024, es el instrumento legal que formaliza este ajuste de cuentas.
"ARTÍCULO 1º.- Sancionar a los prestadores de servicios de telecomunicaciones mencionados en el ANEXO... con la cantidad de Pulsos Telefónicos estipulados en el mismo, en concepto de MULTAS por la falta de presentación en término de las Declaraciones Juradas de la Tasa de Control, Fiscalización y Verificación..."
Cada incumplimiento se traduce en una multa de CUATRO MIL (4000) Pulsos Telefónicos netos de I.V.A., una cifra que, multiplicada por la cantidad de omisiones, puede representar un golpe significativo para las finanzas de estas compañías. Pero la cosa no termina ahí: el ENACOM no solo exige el pago, sino que también intima a los prestadores a presentar la documentación omitida en un plazo de QUINCE (15) días.
Este movimiento del ENACOM no es menor. Por un lado, genera un impacto económico directo para las empresas sancionadas, que deberán desembolsar dinero en multas y dedicar recursos a regularizar su situación administrativa. Por otro, envía una señal clara a todo el sector de telecomunicaciones: la fiscalización estatal está activa y no tolerará el incumplimiento de las normativas. Para el ciudadano común, aunque parezca un tema meramente administrativo, la correcta fiscalización y control de las empresas de telecomunicaciones es fundamental para garantizar la calidad y legalidad de los servicios que utilizamos a diario.
Las empresas tienen un plazo de TREINTA (30) días corridos para abonar las multas. La lupa del ENACOM seguirá atenta, y este episodio debería servir como un recordatorio urgente para todas las operadoras de mantener sus papeles en regla.
