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El Gobierno finalmente puso la lupa sobre los topes indemnizatorios para el personal jerárquico de ferrocarriles, tras una increíble demora de más de dos años desde la firma del acuerdo. ¿Quién paga los platos rotos de la burocracia? Una medida que llega con sabor a poco para algunos.
¡Atención, la burocracia argentina vuelve a ser noticia! Una insólita demora de más de dos años en la fijación de los topes indemnizatorios para el personal jerárquico de los ferrocarriles llegó a su fin. La Dirección Técnica sobre Regulación del Trabajo, dependiente del Ministerio de Capital Humano, publicó la Disposición 406/2025. Un acto técnico que, sin embargo, expone las lentitudes del sistema.
La historia es así: acuerdos salariales entre la ASOCIACIÓN DEL PERSONAL DE DIRECCIÓN DE LOS FERROCARRILES ARGENTINOS y la OPERADORA FERROVIARIA SOCIEDAD DEL ESTADO (SOFSE) fueron firmados en noviembre de 2022. Recién en marzo de 2025 se homologaron. Y ahora, en septiembre de 2025, se publican los promedios de remuneraciones para calcular los topes indemnizatorios según el Artículo 245 de la Ley de Contrato de Trabajo (Ley N° 20.744). Este tope es vital: define el monto máximo que un empleado puede cobrar por despido sin justa causa, impactando directamente su futuro y las arcas de la empresa estatal.
Para los trabajadores afectados, esta medida trae finalmente una ansiada claridad sobre un derecho clave. Sin embargo, la demora de más de 24 meses es un detalle que genera serios interrogantes sobre la eficiencia administrativa. Un punto a destacar es que la disposición fija los topes solo para el acuerdo N° 791/25, dejando fuera al N° 792/25, lo que podría sembrar nuevas dudas o reclamos.
"La lentitud burocrática no solo genera incertidumbre, sino que puede erosionar la confianza en las instituciones", señalan expertos.
Este caso subraya la necesidad de agilizar los procesos estatales. Para mantenerse al tanto, es crucial seguir las publicaciones del Boletín Oficial y los comunicados gremiales. La transparencia y la celeridad son deudas pendientes en la gestión pública.
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