Recibe los análisis más provocadores del Boletín Oficial. No es una newsletter, es un manifiesto diario.
Nos tomamos en serio tu privacidad. No compartiremos tu información.
El Ministerio de Economía y sus dependencias se llenan de nombramientos temporales, algunos con *excepciones a los requisitos*, mientras el Gobierno pisa el acelerador en su reestructuración administrativa. ¿Eficiencia o parche?
A lo largo de la última semana, el Ministerio de Economía, bajo la batuta de Luis Caputo, ha desatado una verdadera catarata de resoluciones que confirman o extienden designaciones transitorias en diversas áreas clave del organigrama estatal. Desde el SENASA hasta ex-Ministerios como el de Obras Públicas y Desarrollo Productivo, ahora bajo la órbita de Economía, la tónica es la misma: coberturas temporales de cargos estratégicos.
Se destacan los nombramientos del médico veterinario Roberto Martín Valinotti como Coordinador Regional de Sanidad Animal en el SENASA (a partir del 12/07/2024), y de la ingeniera agrónoma María Gisela Castellani como Directora del Centro Regional Cuyo, también en SENASA (a partir del 01/03/2025). Ambos cargos son cruciales para la sanidad agroalimentaria del país.
Pero lo que realmente llama la atención son las designaciones de Milagros Tapia como Directora de Administración de Recursos Humanos (ex-Obras Públicas, a partir del 01/06/2025) y Emanuel Luis Laudonio como Coordinador de Administración de Proyectos en TIC de Agricultura, Ganadería y Pesca (a partir del 07/04/2025). ¿El detalle? Ambas se realizan con "autorización excepcional por no reunir los requisitos mínimos" establecidos en el Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial. ¡Un giro que abre el debate sobre la flexibilidad o el bypass a la normativa!
Además, se prorrogan múltiples designaciones en la ex Secretaría de Gestión Administrativa del ex Ministerio de Desarrollo Productivo, y la de Daniel Osvaldo Descals como Director de Asuntos Judiciales (ex-Obras Públicas, a partir del 20/03/2025).
Estas medidas, que se enmarcan en la Ley de Presupuesto 27.701 (que rige para 2025) y los decretos de emergencia, muestran un Estado en constante movimiento, buscando reconfigurar su planta de personal. La justificación oficial es la necesidad operativa, pero la recurrencia de las designaciones transitorias y las excepciones a los requisitos levantan interrogantes sobre la estabilidad de la función pública y la idoneidad de los perfiles en un contexto de supuesta "desregulación y transformación del Estado". Los gastos de estas designaciones serán atendidos por las partidas presupuestarias del Ministerio de Economía o el SENASA.
