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La Provincia de Buenos Aires oficializa una jugosa bonificación del 115% del sueldo básico para profesionales bajo la Ley 10.430, con implementación gradual desde mayo de 2025. Pero ojo: la "atinencia" del título a la función ya genera polémica, dejando a algunos con las manos vacías.
¡Atención, empleados públicos bonaerenses! Un nuevo decreto desata una ola de expectación y controversia en la administración provincial. Se confirmó la "Bonificación por Título Universitario de Grado atinente a la función -BTU", un plus salarial que representa nada menos que el 115% del sueldo básico para el personal de la Ley N° 10.430.
Esta medida, que se hará efectiva de forma gradual y progresiva a partir del 1° de mayo de 2025, alcanza a un amplio espectro de trabajadores: personal de la Planta Permanente (con y sin estabilidad), de la Planta Temporaria Transitoria Mensualizada, del Agrupamiento Personal Profesional y del Agrupamiento Personal Jerárquico. Incluso, se extiende a aquellos que se desempeñen en categorías funcionales superiores a Subdirector/a e inferiores a Subsecretario/a, y al personal de Gabinete y Secretarios/as Privados/as.
El punto clave, y el que ya está encendiendo las alarmas, es la condición de que el título universitario sea "atinente a la función". Esto significa que no basta con tener un diploma; este debe estar directamente relacionado con las tareas que se desempeñan. Un caso que ya sienta precedente es el de la agente Sonia Gabriela ETCHEGOYEN, cuyo título de Arquitecta fue considerado no atinente a sus funciones en el Patronato de Liberados Bonaerense, ya que sus tareas son de gestión social y no de desarrollo técnico arquitectónico.
"El título de Arquitecta no resulta atinente a las funciones estructurales del cargo que desempeña en el ámbito del Patronato de Liberados Bonaerense, dado que las acciones del área se orientan a la gestión y coordinación de programas sociales y no al desarrollo de tareas técnicas inherentes al ejercicio profesional de la arquitectura."
Esta bonificación, de carácter mensual, remunerativo y no bonificable, promete un impacto significativo en los ingresos de miles de profesionales. Sin embargo, la evaluación de la "atinencia" de cada título abre la puerta a posibles disputas y reclamos, generando incertidumbre sobre quiénes finalmente se beneficiarán de este esperado aumento. La administración provincial deberá afinar los criterios para evitar un aluvión de quejas y garantizar la transparencia en la aplicación de esta medida.
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