¡BOMBAZO VIAL! El Gobierno Patea la Privatización de Corredores Viales y Extiende la Intervención

El Boletín Oficial acaba de soltar una noticia que resuena fuerte en el ámbito económico y político: el Gobierno Nacional, a través del Decreto N° 464/2025, decidió extender la intervención de CORREDORES VIALES S. A., la empresa pública encargada de la gestión de una vasta red de rutas y autopistas. Esta medida, que entra en vigencia a partir del 8 de julio de 2025, posterga la tan anunciada privatización de la compañía, un pilar de la famosa Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos (N° 27.742).

¿Qué cambió exactamente?

La intervención, que había sido dispuesta inicialmente por el Decreto N° 244/25, se prorroga hasta que se "culmine el procedimiento de disolución" de la sociedad, paso previo a su traspaso al sector privado en modalidad de concesión de obra pública por peaje, tal como lo establecía el Decreto N° 97/25. La licenciada Anastasia María de los Ángeles ADEM (D.N.I. Nº 18.467.241) seguirá al frente como Interventora, con amplias facultades que, en la práctica, le otorgan el poder del Directorio.

El trasfondo: Falencias y promesas incumplidas

Según el propio decreto, la decisión surge de un "análisis respecto de la situación de CORREDORES VIALES S.A." que reveló "falencias estructurales en la organización" y "deficiencias en el manejo de la administración, finanzas, compras y contrataciones". Aunque se asegura que se iniciaron acciones para mejorar la gestión (como un nuevo organigrama y reglamentos), la complejidad de la tarea y la necesidad de "renegociar contratos y asegurar que la transición sea ordenada y eficiente" justificaron la prórroga.

"La complejidad de estos asuntos exige para su resolución de un plazo mayor al período que fuera inicialmente estimado para la Intervención."

¿Cómo afecta a la sociedad y al mercado?

Para el ciudadano común, esta prórroga significa que la incertidumbre sobre el futuro de las rutas y peajes se prolonga. La promesa de una gestión más eficiente y transparente, que se esperaba con la privatización, queda en suspenso. Mientras tanto, la empresa sigue bajo la órbita estatal, lo que podría implicar que los problemas de eficiencia detectados persistan hasta que el proceso se complete. Para el mercado, es un mensaje mixto: por un lado, se busca sanear la empresa para hacerla más atractiva, pero por otro, la dilación en la privatización puede generar dudas sobre el compromiso real del gobierno con el retiro del Estado de ciertas actividades. Es un freno a la velocidad que se esperaba en la desregulación, manteniendo a una empresa clave en el radar estatal por tiempo indefinido.