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Una nueva disposición del Registro de la Propiedad Inmueble de CABA revoluciona la compraventa de propiedades 'en pozo', eliminando un pilar clave de protección para los adquirentes y habilitando nuevos jugadores en la registración.
El Ministerio de Justicia, a través de la Dirección General del Registro de la Propiedad Inmueble de la Capital Federal, ha lanzado la Disposición 11/2025, un verdadero terremoto para el sector inmobiliario. Esta medida reglamenta el polémico DNU N° 1017/2024, que busca 'garantizar la continuidad del tráfico inmobiliario' habilitando la inscripción de boletos de compraventa de unidades futuras, incluso si la construcción no permite ejercer la posesión. La principal novedad es que, además de los Registros Públicos, la Comisión Nacional de Valores (CNV) podrá autorizar a entidades privadas para llevar este registro, en un intento por agilizar el proceso.
Pero el punto más caliente, que ya genera controversia, es la eliminación del carácter obligatorio del seguro de caución establecido en el artículo 2071 del Código Civil y Comercial de la Nación. Este seguro era una garantía fundamental para los compradores de propiedades 'en pozo' ante posibles incumplimientos del desarrollador. Ahora, pasa a ser 'de carácter optativo', dejando a los adquirentes en una posición de mayor vulnerabilidad y con la necesidad de extremar los cuidados. ¡Ojo si vas a comprar un departamento 'en pozo' ahora! La responsabilidad recaerá más en la propia diligencia del comprador y en la calificación del profesional interviniente.
La Disposición también detalla los requisitos para la registración: desde la identificación completa de las partes y el inmueble, hasta la verificación de que se haya abonado un mínimo del veinticinco por ciento (25%) del precio y que no se haya entregado la posesión. Se abrirá un folio especial por cada futura unidad funcional, y la anotación se extinguirá a los cinco años si no se renueva. Esta medida, si bien busca darle más dinámica al mercado, plantea un enorme desafío en términos de seguridad jurídica para los ciudadanos comunes que invierten sus ahorros en un futuro hogar.
