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El Gobierno lanzó un DNU que pulveriza agencias y reestructura institutos emblemáticos, desde el cannabis hasta el INTA, en una jugada audaz para "achicar el Estado". Prometen eficiencia, pero la medida genera un terremoto en el sector público y privado.
El Poder Ejecutivo Nacional sacudió el tablero con un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que no solo disuelve organismos clave, sino que también transforma otros, en una cruzada por la eficiencia y la reducción del gasto público. La medida, amparada en la Ley N° 27.742 de Emergencia Pública, busca reconfigurar la Administración Pública Nacional.
La Agencia Regulatoria de la Industria del Cáñamo y del Cannabis Medicinal (ARICCAME), creada por Ley N° 27.669, fue disuelta. El Gobierno argumenta que su estructura era "excesivamente onerosa" y "sobredimensionada" para sus solo siete agentes. Sus funciones esenciales de registro y control se repartirán entre la ANMAT (para productos medicinales) y el Ministerio de Economía (Secretaría de Industria y Comercio para cáñamo industrial y Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca para semillas). Este cambio busca simplificar la regulación y adaptarla a estándares internacionales, pero deja en el aire el futuro de un sector que recién comenzaba a despegar.
Otro organismo que no sobrevivió es el Instituto Nacional de la Agricultura Familiar, Campesina e Indígena (INAFCI), disuelto por el decreto. Creado en 2022, el INAFCI, con 930 agentes, fue acusado de "utilización discrecional de recursos públicos" y "falta de rendición de cuentas". Sus competencias pasan a la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca del Ministerio de Economía, que mantendrá el Registro Nacional de Agricultura Familiar (RENAF). La decisión impacta directamente en miles de pequeños productores que dependían de este instituto.
El Instituto Nacional de Semillas (INASE) y la Comisión Nacional de Semillas también fueron disueltos. El decreto señala "deficiencias sustantivas" y "burocratización excesiva". Todas sus funciones recaen ahora en la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca. Se crea un Comité Asesor de Semillas honorario y no vinculante, lo que sugiere una centralización del poder y una posible menor participación de los sectores directamente involucrados en la toma de decisiones.
Cuatro pilares de la ciencia, la tecnología y la producción sufren una transformación profunda: el INTA (Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria), el INTI (Instituto Nacional de Tecnología Industrial), el INV (Instituto Nacional de Vitivinicultura) y el INPI (Instituto Nacional de la Propiedad Industrial). Todos pasan de ser organismos descentralizados o autárquicos a ser unidades organizativas o desconcentradas, dependientes directamente del Ministerio de Economía (a través de las Secretarías de Agricultura, Ganadería y Pesca, o Industria y Comercio).
El Gobierno promete un Estado más ágil y menos burocrático, con un ahorro significativo de recursos públicos. Sin embargo, la disolución y transformación de estos organismos implica un cambio radical en la forma en que el Estado interactúa con sectores productivos y sociales. La reasignación de funciones podría generar incertidumbre en el corto plazo y requerirá una cuidadosa implementación para evitar vacíos regulatorios o de servicios. La continuidad de los empleados actuales está garantizada "hasta tanto se adecue la estructura organizativa", pero el futuro es incierto para muchos.
Este decreto es una clara señal de la profunda reforma estatal que el Gobierno busca implementar, priorizando la desregulación y la centralización de funciones bajo la órbita de los Ministerios. La Comisión Bicameral Permanente del Congreso deberá expedirse sobre la validez de este DNU, lo que podría abrir un nuevo capítulo en la discusión política.
