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El Ministerio de Economía avanza con la privatización parcial de Nucleoeléctrica Argentina S.A. (NASA), poniendo en venta el 44% de sus acciones a capitales privados, mientras el Estado Nacional se aferra al 51% para mantener el control. Una jugada estratégica que recalienta el debate energético.
En una movida que promete sacudir los cimientos del sector energético, el Ministerio de Economía, bajo la Resolución 1751/2025, ha iniciado formalmente el proceso de privatización parcial de Nucleoeléctrica Argentina Sociedad Anónima (NASA). Se trata de la venta de un impactante cuarenta y cuatro por ciento (44%) del paquete accionario a través de una licitación pública de alcance nacional e internacional. Además, se organizará un Programa de Propiedad Participada para el cinco por ciento (5%) de las acciones, con preferencias para los trabajadores.
El Estado Nacional, a través de la Secretaría de Energía y la Comisión Nacional de Energía Atómica, mantendrá el cincuenta y uno por ciento (51%) del capital social, asegurando el control mayoritario en decisiones clave como la ampliación o cierre de centrales. Sin embargo, la inyección de capital privado en una empresa tan estratégica como NASA abre un interrogante gigante sobre el futuro de la energía nuclear en el país. La Secretaría de Energía deberá inventariar bienes tangibles e intangibles, y una entidad bancaria del Sector Público Nacional se encargará de la valuación del paquete accionario.
La Unidad Ejecutora Especial Temporaria “Agencia de Transformación de Empresas Públicas” coordinará el proceso con un plazo de doce (12) meses. Para los ciudadanos, esta medida podría significar un cambio en la eficiencia y quizás en las tarifas del servicio eléctrico a largo plazo, aunque el control estatal promete una cierta estabilidad. Para el mercado, es una oportunidad de inversión mayúscula en un sector clave. La privatización parcial, sin embargo, requerirá una revisión y adecuación del estatuto social de NASA, lo que podría generar tensiones y debates políticos en los próximos meses. La transparencia y el impacto en la soberanía energética serán puntos de discusión cruciales.
