Recibe los análisis más provocadores del Boletín Oficial. No es una newsletter, es un manifiesto diario.
Nos tomamos en serio tu privacidad. No compartiremos tu información.
Un decreto presidencial fulminó las designaciones del Director Ejecutivo y el Director Nacional de Acceso a la Salud de la AGENCIA NACIONAL DE DISCAPACIDAD. El Gobierno habla de "integridad pública" y "austeridad republicana" mientras el Poder Judicial investiga.
Un terremoto político sacude a la AGENCIA NACIONAL DE DISCAPACIDAD (ANDIS). Mediante el Decreto N° 599/2025, el Presidente de la Nación decidió limitar las designaciones del doctor Diego Orlando SPAGNUOLO (D.N.I. N° 23.298.764) como Director Ejecutivo y del doctor Daniel María GARBELLINI (D.N.I. N° 22.458.301) como Director Nacional de Acceso a los Servicios de Salud. La medida, que entró en vigor el 21 de agosto de 2025, no es menor: el texto oficial hace referencia a "razones de público conocimiento" y la necesidad de que el PODER JUDICIAL DE LA NACIÓN efectúe las investigaciones necesarias.
Este movimiento se enmarca en la supuesta cruzada del gobierno por "ordenar y equilibrar las cuentas públicas, transparentar el gasto y lograr que los recursos disponibles se dirijan de manera eficiente a quienes más lo necesitan". El decreto menciona la Ley de Ética de la Función Pública N° 25.188, subrayando la obligación de los funcionarios de actuar con honestidad, probidad, rectitud y austeridad republicana, privilegiando el interés público sobre el particular.
La salida de estos funcionarios de alto rango, bajo la sombra de investigaciones judiciales, genera una crisis de confianza en una agencia clave para uno de los sectores más vulnerables de la sociedad. Si bien el gobierno lo presenta como un paso hacia la transparencia y la lucha contra irregularidades, la incertidumbre sobre la continuidad y eficiencia de los servicios de discapacidad podría aumentar. Los beneficiarios y las organizaciones que trabajan con la ANDIS estarán atentos a los próximos pasos y a la designación de nuevos responsables que garanticen la operatividad y la integridad de la institución. Es un mensaje claro sobre la tolerancia cero a las "conductas contrarias a la integridad pública", pero el costo es la inestabilidad en un área sensible.