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La Secretaría de Industria y Comercio prorrogó las fechas límite para que los colegios privados informen sus cuotas de 2026, buscando más diálogo y transparencia en un año clave para la economía familiar.
En una movida que trae un respiro a miles de familias y a las propias instituciones, la Secretaría de Industria y Comercio del Ministerio de Economía decidió extender los plazos para la presentación y comunicación de los aranceles de los colegios privados para el ciclo lectivo 2026. La medida, que responde a un pedido de los Establecimientos Privados Educativos Asociados (EPEA), busca dar más margen para el diálogo y la transparencia.
Originalmente, los colegios debían informar a los padres sobre la matrícula, cantidad de cuotas y montos antes del 31 de octubre de cada año (o 1° de octubre para los no subvencionados). Ahora, tendrán hasta el 15 de noviembre de 2025 para comunicar el contenido del contrato de enseñanza y los aranceles que regirán en 2026. La presentación de esta información a la Secretaría de Industria y Comercio y a la Superintendencia Nacional de Enseñanza Privada también se estira, hasta el 15 de diciembre de 2025 (antes 30 de noviembre).
Este cambio es crucial para evitar apuros y permitir que tanto las instituciones como los padres puedan consensuar y comprender mejor las condiciones económicas del próximo año escolar. En un contexto de inflación y ajustes económicos, tener más tiempo para analizar los costos educativos es un punto a favor para la planificación familiar.
La Ley N° 24.240 de Defensa del Consumidor es el marco que obliga a los proveedores a brindar información "veraz, detallada, eficaz y suficiente". Con esta prórroga, se busca fortalecer ese principio, dando un lapso adicional para que se cumpla con la normativa de manera más efectiva. La resolución destaca la necesidad de "generar ámbitos de diálogo" entre padres y autoridades educativas.
Para los ciudadanos con hijos en colegios privados, esto significa que tendrán más tiempo para recibir y evaluar la propuesta arancelaria de 2026, y potencialmente, para negociar o buscar alternativas si los costos no se ajustan a su presupuesto. Es una medida que, aunque administrativa, tiene un impacto directo en la economía del hogar.
