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La Secretaría General de la Presidencia cede bienes de rezago de aduanas de La Quiaca, Córdoba y Santiago del Estero a la Agencia Federal de Emergencias, en un *movimiento clave para paliar la crisis social y fortalecer la respuesta ante desastres*.
El Gobierno, a través de la Subsecretaría de Gestión Institucional de la Secretaría General de la Presidencia, ha dado luz verde a la cesión de un volumen significativo de bienes incautados en aduanas de La Quiaca, Córdoba y Santiago del Estero a la Agencia Federal de Emergencias, dependiente del Ministerio de Seguridad Nacional. Esta medida, amparada en la Ley N° 25.603, busca destinar mercadería de primera necesidad como alimentos, artículos de higiene personal, ropa y medicamentos, a zonas y poblaciones afectadas por situaciones de emergencia social.
La Agencia Federal de Emergencias solicitó estos bienes para equipar a sus brigadas y fortalecer sus capacidades operativas en todo el país, permitiendo una respuesta más eficiente ante eventos adversos. Es crucial destacar que la ley prohíbe terminantemente la comercialización de estos productos por parte de los beneficiarios durante un período de CINCO (5) años. En el caso específico de Córdoba, la ANMAT (Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica) intervino para asegurar que algunos bienes fueran aptos para su uso como artículos de primera necesidad, garantizando la calidad y seguridad de lo entregado.
Esta acción, aunque administrativa, tiene un fuerte impacto social. Demuestra una gestión proactiva de los bienes de rezago aduanero, transformando lo que podría ser un problema logístico en una solución para la emergencia social. En un contexto de necesidades crecientes, la eficiencia en la distribución de estos recursos es fundamental. La medida también refuerza el papel de la Agencia Federal de Emergencias como actor clave en la respuesta a crisis, al dotarla de recursos materiales esenciales. Los plazos para el retiro e inventario de las mercaderías (DIEZ días para informar el retiro, NOVENTA días hábiles para confirmar inventario o rechazo) buscan asegurar una ejecución rápida y transparente de la cesión.
