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El Ente Nacional de Comunicaciones ajusta una omisión en los plazos de vencimiento para la Tasa de Control, Fiscalización y Verificación, brindando más seguridad jurídica a las empresas del sector.
¡Alerta máxima en el sector TIC! El Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM) acaba de publicar la Resolución Nº 983/2025, una medida que, aunque técnica, es clave para la tranquilidad de las empresas de telecomunicaciones y servicios digitales. ¿El motivo? Rectifica un "error material" en la normativa que rige el pago de la Tasa de Control, Fiscalización y Verificación (TCFV).
Esta tasa, que representa el 0,50% de los ingresos netos para los licenciatarios de Servicios de TIC, había sido reglamentada en su liquidación y pago mensual por la Resolución ENACOM Nº 926/2025. Dicha norma establecía un plazo de diez días corridos del mes subsiguiente al período liquidado. Sin embargo, se detectó una omisión preocupante: no se había previsto qué sucedería si la fecha de vencimiento coincidía con un día inhábil (feriado o fin de semana). Esto podía generar incertidumbre y, potencialmente, sanciones por pagos fuera de término.
"Se ha detectado un error material en la redacción del mencionado Artículo 7º, toda vez que no se incluyó la previsión para el caso en que el vencimiento coincida con día inhábil."
Con la flamante Resolución 983/2025, el ENACOM, bajo la órbita de la SECRETARÍA DE INNOVACIÓN, CIENCIA Y TECNOLOGÍA y su actual intervención (prorrogada por Decretos N° 89/24, 675/24 y 448/25), subsana esta falencia. Ahora, el Artículo 7º de la Resolución ENACOM Nº 926/2025 se reescribe para especificar claramente que "Dicho vencimiento, en caso de coincidir con día inhábil, se trasladará al día hábil posterior."
Para las empresas del sector, esta corrección es una excelente noticia. Aporta la tan ansiada claridad y previsibilidad en los plazos de pago. Se elimina la ambigüedad y el riesgo de incurrir en sanciones por un vencimiento que caiga en un día no laborable. Es un ajuste técnico que resuelve un potencial dolor de cabeza administrativo y asegura una aplicación más justa y transparente de la normativa. Un alivio para la planificación y operación de las compañías tecnológicas y de comunicaciones.