¡ALERTA ROJA EN EL CAMPO! CATASTROFES NATURALES AZOTAN BUENOS AIRES Y SAN JUAN

La furia de la naturaleza golpea sin piedad a la producción agropecuaria argentina, y el Ministerio de Economía se ve obligado a intervenir con la declaración de emergencia en dos provincias clave. Las Resoluciones 1305/2025 y 1306/2025 exponen la vulnerabilidad de nuestro campo ante los fenómenos climáticos extremos. En Buenos Aires, la Resolución 1305/2025 declara el estado de emergencia y/o desastre agropecuario por inundación en una extensa franja de partidos, desde Puán hasta Roque Pérez, abarcando un período del 1° de marzo al 31 de agosto de 2025. Miles de explotaciones rurales quedaron bajo el agua, perdiendo cosechas y afectando su infraestructura. Esta medida, vital para los productores, les permite acceder a los beneficios de la Ley 26.509, que incluye desde prórrogas de impuestos hasta asistencia crediticia. Es un respiro para quienes lo perdieron todo, pero ¿será suficiente para paliar la devastación? Mientras tanto, en San Juan, la Resolución 1306/2025 declara la emergencia y desastre agropecuario por granizo y Peronóspora (un hongo devastador) en dieciséis departamentos, afectando a cultivos emblemáticos como la vid, membrillo, alfalfa, almendros, duraznos y una amplia gama de hortalizas. La declaración rige desde el 1° de abril de 2025 hasta el 31 de marzo de 2026, un plazo más extendido que refleja la magnitud del daño en producciones de ciclo más largo. La combinación de granizo y enfermedades fúngicas es un golpe letal para la economía regional, y los productores sanjuaninos también podrán acogerse a los beneficios de la Ley 26.509. Ambas medidas, que entran en vigencia el día de su publicación, instruyen a las provincias a remitir los listados de productores afectados y a las instituciones bancarias y la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) a arbitrar los medios para aplicar los beneficios. Esto subraya la urgencia de la situación y la necesidad de una respuesta coordinada para evitar un colapso en estas economías regionales. La situación es crítica y pone de manifiesto la necesidad de políticas de prevención y adaptación al cambio climático, que van más allá de las declaraciones de emergencia post-desastre. ¿Está el Estado preparado para proteger a sus productores de estos golpes cada vez más frecuentes?