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El Instituto Nacional de Semillas (INASE) modificó las fechas de vencimiento y duplicó la penalidad por pagos tardíos del Registro de Cultivares, además de exigir la digitalización total. Productores y obtentores de nuevas variedades, ¡a tomar nota o a pagar el 50% extra!
El sector agropecuario argentino se sacude con la Resolución 68/2025 del INASE, que reconfigura las reglas para los titulares de nuevas variedades de semillas. La medida, publicada en el Boletín Oficial, establece nuevas fechas de vencimiento para el arancel anual del Registro Nacional de la Propiedad de Cultivares: el 31 de julio para 2025, y a partir del 2026, el 31 de mayo de cada año. ¡Un cambio clave a agendar!
Pero el punto más impactante es la penalidad por pago fuera de término, que ahora será del CINCUENTA POR CIENTO (50%) del valor vigente del arancel. Esto representa un salto enorme respecto a la situación anterior, donde la multa era "no significativa". El INASE busca así fortalecer el sistema sancionatorio y alinear el cumplimiento con el ejercicio fiscal, tal como establece la Ley Nº 20.247 de Semillas y Creaciones Fitogenéticas.
Otra novedad es la digitalización forzosa. El pago y seguimiento del arancel anual deberán realizarse exclusivamente a través del "Portal de servicios INASE", accesible desde su web oficial. El representante legal será el encargado de operar en este sistema con su clave fiscal, lo que hace imperativa la actualización constante de sus datos. Además, se exigirá el pago de una anualidad al momento mismo de la inscripción del cultivar, eliminando la posibilidad de postergar este primer abono.
Estas modificaciones, que derogan resoluciones previas (Nº 337/2016 y Art. 3º de la Nº 464/2009), buscan modernizar y eficientizar la gestión del INASE. Sin embargo, para los productores y empresas, implican una mayor presión administrativa y económica. La digitalización, aunque promete simplificar a futuro, demanda una adaptación inmediata y la multa del 50% no deja margen para errores. Es vital que los involucrados se adapten rápidamente para evitar costos extra y la caducidad de sus títulos de propiedad, que tras seis meses de mora, pasarían a ser de uso público. ¡El campo se moderniza, y el que no se adapta, paga las consecuencias!