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La Secretaría de Transporte prorroga por dos años la "emergencia pública" en el sistema ferroviario nacional, admitiendo un "deterioro generalizado". Millones de pasajeros y la carga del país, en vilo. ¿Hay luz al final del túnel o más años de precariedad?
En un movimiento que revela la profundidad de la crisis que atraviesa el sistema de trenes argentino, la Secretaría de Transporte del Ministerio de Economía acaba de prorrogar por 24 meses más la emergencia pública en materia ferroviaria. Esta medida, oficializada por la Resolución 12/2026, extiende el estado de excepción que ya había sido declarado por el DNU 525/2024.
La decisión no es menor: el propio Gobierno reconoce un "diagnóstico crítico" del Sistema Ferroviario Nacional, documentado por la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT). Los informes son lapidarios: "deterioro generalizado en infraestructura, material rodante, programación de inversiones, sostenibilidad presupuestaria y niveles de servicio". ¡Un panorama desolador que afecta a millones de usuarios y al transporte de carga esencial para la economía!
La prórroga se justifica en la necesidad de "asegurar la continuidad de las atribuciones previstas en el marco de la emergencia" y dar previsibilidad a los programas y proyectos en curso, cuyos cronogramas y compromisos financieros "trascienden el horizonte temporal actualmente vigente". En otras palabras, la situación es tan grave que los plazos originales no alcanzan para enderezar el rumbo.
Para el ciudadano, esto significa que los problemas de los trenes, desde demoras hasta fallas de infraestructura, seguirán siendo una constante por al menos otros dos años. Para las empresas que dependen del transporte de carga, la incertidumbre persiste, aunque la prórroga busca dar un marco de estabilidad para las inversiones necesarias. ¿Será esta extensión una verdadera solución o un simple aplazamiento de lo inevitable? El tiempo, y las vías, lo dirán.
