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El Gobierno bonaerense ratifica la exención del 100% en Ingresos Brutos para EXACTIAN CONSULTING S.A., consolidando su apuesta por el sector tecnológico y la 'Economía del Conocimiento' por dos años más.
El Ministerio de Desarrollo Agrario bonaerense impone multas de hasta $619.207 por infracciones al Código Rural y exige domicilio electrónico a los sumariados, endureciendo la fiscalización del campo.
Miguel Antonio Bigoglio, un histórico empleado del Patronato de Liberados Bonaerense, dice adiós a la administración pública para acogerse a los beneficios jubilatorios. ¿Un cambio de guardia o el fin de una era?
El campo bonaerense se sacude: la Provincia de Buenos Aires impone el domicilio electrónico obligatorio para sumariados y endurece el cobro de multas rurales, aplicando intereses sin piedad ni aviso previo. ¡La burocracia digital llegó para quedarse y no perdona!
Ana María Senra deberá pagar casi 200 mil pesos y costos administrativos por no presentarse a una audiencia de mediación obligatoria. ¡Un duro recordatorio de las obligaciones legales!
La Dirección General de Cementerio de Florencio Varela lanza una masiva citación para identificar a los responsables de cientos de sepulturas y nichos. ¡Tenés 30 días para presentarte o tus seres queridos podrían ser reubicados!
Dos resoluciones administrativas confirman movimientos de personal clave: un desarrollador tecnológico consigue reserva de cargo para un nuevo puesto directivo, y un director de Hábitat renuncia para asumir otra dirección provincial.
La Municipalidad de Avellaneda destina $668 millones a la provisión de árboles para sus calles y espacios verdes. ¿Una apuesta verde o un gasto cuestionable en tiempos de crisis?
El Ministerio de Transporte bonaerense pone la lupa en la seguridad vial y restringe la circulación de vehículos de carga de más de 7 toneladas en tramos clave durante el receso invernal y fines de semana largos. ¡Prepárense para rutas más fluidas, pero con un cimbronazo en la logística!
Una resolución conjunta del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y la Secretaría General 'reconoce' servicios y haberes a una empleada por tareas realizadas entre 2011 y 2014. ¿Cómo es posible que el Estado tarde más de diez años en saldar una deuda interna? Un reflejo de la **lentitud administrativa que indigna**.