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Una serie de resoluciones del Ministerio de Capital Humano extiende y asigna funciones ejecutivas de manera transitoria en INAES y CONEAU, manteniendo la precarización de ciertos puestos clave en la administración pública. ¿Hasta cuándo durará la "provisoriedad"?
Una serie de disposiciones revela asignaciones transitorias y transferencias de personal en el Ministerio de Justicia y la Secretaría General de Presidencia, delineando los cuadros que mueven los hilos del aparato estatal, a menudo con excepciones a las normas.
El Ministerio de Capital Humano aprueba el polémico "premio al desempeño destacado" para el personal del Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales. ¿Realmente premia la eficiencia o es un extra encubierto para los elegidos?
Un error material en la crucial Resolución 77/2025 sobre seguridad eléctrica obliga al ENRE a emitir una nueva norma para asegurar su correcta publicación y validez legal. Un papeleo que pudo ser un gran problema.
Una resolución clave para la seguridad pública en el sector eléctrico, que debía ser de aplicación obligatoria para las distribuidoras, ¡estuvo en el limbo por un error burocrático! Ahora, el ENRE la publica y la hace efectiva, ¿qué significa para millones de usuarios?
En medio de la emergencia energética, el Gobierno ajusta las tarifas de transporte eléctrico en un 1.88% desde el 1 de enero de 2026. La medida, que busca "corregir precios relativos", impactará a hogares y empresas, generando preocupación por el costo de vida y la inflación.
Un Licenciado toma las riendas del *Sistema de Identificación Nacional Tributario y Social* por 180 días. Una designación transitoria clave que podría redefinir cómo el Estado maneja tu información más sensible, en medio de una ola de "desregulación" y "transformación".
En una movida estratégica de fin de año, el Gobierno designa a un nuevo Director de Gestión Institucional para la Información en la vital Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología. ¿Es un parche o el primer paso hacia una reestructuración profunda?
La provincia de Córdoba obtiene un préstamo crucial para mejorar el agua potable, pero la garantía del Estado nacional y la polémica cláusula de coparticipación encienden las alarmas sobre el futuro de las finanzas públicas. ¿Quién pagará la cuenta si hay problemas?
