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La Municipalidad de Marcos Paz lanza dos licitaciones públicas por un total de casi 500 millones de pesos, destinadas a la provisión de impresiones para tributos y la gestión de residuos hospitalarios, generando gran expectativa en el sector privado local y garantizando servicios esenciales.
El Gobierno bonaerense mueve el tablero: mientras una funcionaria clave en las obras de la Autopista Presidente Perón deja su cargo, una contadora y abogada toma las riendas. A la par, una investigadora de la CIC se despide, generando interrogantes sobre los equipos técnicos.
El Instituto de Previsión Social (IPS) de la Provincia de Buenos Aires resuelve casos conmovedores: reconoce derechos jubilatorios y pensionarios a personas que fallecieron durante la tramitación de sus expedientes. Una mirada a la lenta maquinaria de la seguridad social.
El Ministerio de Economía provincial de Buenos Aires, bajo el Decreto N° 3681/24, realiza masivas transferencias y ampliaciones presupuestarias por más de 17 mil millones de pesos para el ejercicio 2025. Una maniobra que reconfigura las prioridades de gasto en un contexto de presupuesto prorrogado.
El Consorcio Portuario Regional Mar del Plata realiza un mero trámite administrativo, ordenando el registro y comunicación de una medida interna bajo la Ley de Empleo Público, sin revelar detalles de su contenido.
El Instituto de Previsión Social (IPS) de Buenos Aires endurece su postura, reclamando millones en haberes percibidos indebidamente y aportes impagos, incluso a herederos de fallecidos. La balanza de la justicia previsional se inclina hacia el recupero de fondos.
El IPS exige a Ricardo Nicolás Fernández una deuda de más de $2 millones por aportes y contribuciones no realizadas durante su período como becario en el Ministerio de Salud. Su plan de pago fue rechazado y ahora enfrenta un ultimátum o la vía judicial.
El Consorcio Portuario Regional de Mar del Plata aprueba un nuevo reglamento que simplifica la inscripción de empresas de servicios, elimina el concepto de 'habilitación' y actualiza criterios para vehículos y sanciones, prometiendo más agilidad y transparencia.
