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La Dirección Nacional de Vialidad sanciona a la concesionaria del Corredor Vial N° 18 con 1.600 Unidades de Penalización por no cumplir con la provisión de movilidad. ¿Un golpe más a una empresa ya concursada?
La Dirección Nacional de Vialidad (DNV) ha aplicado un duro correctivo a Caminos del Río Uruguay S.A., la empresa concesionaria del Corredor Vial N° 18, con una multa equivalente a 1.600 Unidades de Penalización (UP). La Resolución 1812/2025, fechada el 5 de noviembre de 2025, imputa a la compañía la comisión de una infracción grave: la falta de cumplimiento en la provisión de movilidad para el Órgano de Control. Se constató en la Sede Zárate la presencia de dos vehículos Toyota Etios (Dominios AD 569 IP y AD 569 IO) que incumplen con las condiciones de antigüedad y tiempo de mantenimiento exigidas en el contrato de concesión.
Este castigo llega en un momento delicado para Caminos del Río Uruguay S.A., que se encuentra en concurso preventivo desde marzo de 2023. A pesar de que la concesión fue prorrogada por 12 meses hasta abril de 2025 debido a la falta de otros operadores, la DNV ha dejado claro que las obligaciones contractuales deben cumplirse a rajatabla. La empresa no presentó descargo ante la constatación de las irregularidades, lo que llevó a la DNV a determinar la penalidad. El Artículo 14.1 del contrato de concesión es explícito: la concesionaria debe suministrar vehículos específicos, con equipamiento y antigüedad determinados, y reponerlos cada cuatro años.
Esta medida resalta la importancia del control estatal sobre las concesiones de infraestructura crítica. Para los usuarios de las rutas, es una señal de que la DNV busca garantizar la calidad de los servicios, aunque la situación de la concesionaria plantea interrogantes sobre la sostenibilidad de la operación. La multa, calculada por el Área Económico Financiera de la DNV, es un recordatorio de que los incumplimientos tienen un costo, especialmente en un sector donde la seguridad y el mantenimiento son fundamentales. La noticia se publica en el Boletín Oficial, asegurando la transparencia de la sanción y la rendición de cuentas de la concesionaria.
