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El Presidente de la Nación vetó por completo el Proyecto de Ley N° 27.796 que declaraba la emergencia sanitaria pediátrica y de residencias, argumentando irresponsabilidad fiscal y avasallamiento de poderes.
¡Escándalo en el Congreso! El Poder Ejecutivo ha asestado un veto total y sin precedentes al Proyecto de Ley N° 27.796, que buscaba declarar la emergencia sanitaria de la salud pediátrica y de las residencias nacionales. La decisión, plasmada en el Decreto 651/2025, desató una tormenta política y pone en el centro del debate la salud de los más chicos y la situación de los profesionales.
El gobierno, con el Presidente a la cabeza, argumenta una "irresponsabilidad fiscal" del Congreso, estimando un costo de PESOS CIENTO QUINCE MIL TREINTA MILLONES ($115.030.000.000) solo en recomposición salarial, sin contar la exención del Impuesto a las Ganancias para personal de salud, cuyo impacto sería "inestimable". Se denuncia que la ley carece de financiamiento genuino y que obligaría a desviar fondos de programas sanitarios vitales como vacunas, VIH y tratamientos oncológicos, poniendo en jaque el equilibrio fiscal que, según el Ejecutivo, es "la piedra angular para consolidar una recuperación económica sostenible".
Pero la polémica no termina ahí. El veto también acusa al Congreso de "avasallamiento de potestades" por intentar derogar una Resolución del Ministerio de Salud (N° 2109/25) que regulaba las residencias médicas. El gobierno defiende su "nuevo reglamento" que ofrece "libertad de opción" entre becas y destaca la gestión en el Hospital Garrahan, que, según afirman, alcanzó "déficit cero" con ahorros de PESOS CUARENTA MIL MILLONES ($40.000.000.000), sin necesidad de una declaración de emergencia.
En un tono desafiante, el Presidente subraya su compromiso con la "emisión monetaria CERO" y el "cuidado de los escasos recursos", recordando al Congreso su rol de "defender el valor de la moneda". Este veto no es solo una medida económica, es una clara declaración de principios en la batalla por el control del gasto público y la división de poderes, con consecuencias directas para el sistema de salud pediátrica y miles de profesionales que esperaban mejoras en sus condiciones laborales. La pelota ahora vuelve al Congreso, que deberá decidir si insiste con la ley o acata la decisión presidencial.
